En medio del duro revés que sufrió la Ley Ómnibus, el juez en lo Contencioso Administrativo de Morón Marcelo Gradín ordenó al Estado Nacional la “suspensión inmediata” de los artículos 2 y 3 del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 firmado por Javier Milei.

El magistrado dictó la medida cautelar a pedido del Colegio de Abogados de Morón, tras considerar que dichos artículos versan sobre desregulación de actividades y servicios.

A su vez, sostienen que significaría concederle al Ejecutivo facultades para dictar nuevos decretos sobre ejercicio de la abogacía, liberando la matricula, suprimiendo el régimen disciplinario y eliminando los Colegios Departamentales de Abogados.

“La desregulación amplia de los servicios, como ser el de la abogacía, colisiona con las previsiones del artículo 41 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, que garantiza la formación y desenvolvimiento de colegios o consejos profesionales”, sostiene el juez sobre los artículos 2 y 3 del DNU de Javier Milei.

A su vez, resaltó que “las provincias conservan todo el poder no delegado al gobierno federal” y que éste “no puede impedir o estorbar a aquellas en el ejercicio de los poderes que se han reservado.

Y agregó: “Los poderes no delegados o reservados por las provincias no pueden ser transferidos al gobierno de la Nación, mientras no lo sean por la voluntad de las provincias expresada en congreso general constituyente”.

Los detalles de la medida cautelar contra el DNU de Javier Milei

Cabe destacar que el juez Gardín rechazó dejar en suspenso la totalidad de los efectos del decreto de Javier Milei por la demanda de “inconstitucionalidad”.

El presidente del Colegio de Abogados local, Jorge Omar Frega, sostuvo que el DNU de Javier Milei “trasgrede el modelo republicano de gobierno y el principio de división de poderes”, además de violar las constituciones nacional y provincial y la ley que regula el ejercicio de la abogacía en el territorio bonaerense.

De esta manera, el magistrado resaltó que la crítica del demandante se centró en los artículos 2 y 3 del decreto, pero que no se había probado cual sería el perjuicio actual o inminente que conllevan los otros artículos del DNU.