En los últimos meses, la jueza estadounidense Loretta Preska condenó a la Argentina a una multa de 16 mil millones de dólares que deberán ser pagados al fondo de inversión Buford Eton Park. Dicha condena se debe a la estatización irregular de YPF en el año 2011 bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.

De esta manera, la jueza le dio como fecha límite al país el miércoles 10 de enero para presentar las garantías. De lo contrario, la empresa estatal sufriría embargos y la venta de acciones. La empresa había sido vendida en la presidencia de Carlos Saúl Menem a la empresa petrolera española de Repsol, y fue repatriada por el gobierno de Fernández de Kirchner en 2011.

El Gobierno argentino le pidió a Estados Unidos que no active los embargos por YPF

Por lo tanto, el Gobierno de Javier Milei, bajo un escrito presentado por el estudio Sullivan y Cromwell, se le solicitó a la jueza Preska aplazar la fecha del 10 de enero para presentar las garantías y que se realicen los mencionados embargos. De esta manera, la jueza deberá responder confirmando la fecha como 10 de enero o modificar el plazo.

El escrito presentado por el estudio que representa al país manifiesta lo siguiente: “Mientras los beneficiarios del fallo no encuentren los activos para embargar en Estados Unidos, no hay necesidad para establecer una fecha puntual para comenzar los embargos”, leía el documentos que presentó el estudio y que publicó Télam.

A su vez, agregaron que “la República no puede aceptar esta condición porque privaría a la nueva administración de la capacidad de evaluar la totalidad del Orden del Tribunal”.

Sumando que acelerar el cronograma para la presentación de los distintos informes ya que sería un desafío por que los demandantes presentaron una apelación cruzada, al igual que YPF lo hizo en modo de respuesta.