La justicia federal recibió una denuncia por privación ilegal de la libertad y otros graves delitos que se habrían cometido contra el médico sanitarista Jorge Rachid y otras personas que participaban de una marcha en reclamo por la soberanía del Lago Escondido en Río Negro.

En la presentación se pide identificar y que se cite a indagatoria al grupo armado de agresores, que según se difundió, serían guardias del magnate Joe Lewis y se encontraría al mando de una persona identificada como Nicolás Van Ditmar.

La denuncia fue realizada por el grupo Abogados Solidarios por la comisión de los delitos de privación de la libertad, actos de piratería y sedición en perjuicio de Rachid, Alejandro Meyer y otros integrantes o adherentes de la Fundación FIPCA ocurridos durante el trayecto iniciado el 3 de febrero de 2022 con finalidad de defender la soberanía nacional de “Lago Escondido”.

El 6 de febrero la movilización arribó a la cabecera Norte del “Lago Soberanía” y, de acuerdo a lo informado por distintos medios, el contingente fue “interceptado, hostigado y privado de su libertad por aproximadamente cincuenta hombres, a caballo y armados, organizados por una persona que ejercía el mando y que fuera identificada como Nicolás Van Ditmar”, según consigna la denuncia.

Esa situación obligó a los miembros de la expedición a intentar replegarse hacia la cabecera Sur del lago, donde pasaron la noche “en condiciones de precariedad y con grave riesgo para la salud de las víctimas.”.

“No sólo proferían amenazas, sino que han pasado a los hechos concretos, como ser la provocación del hundimiento de la embarcación en la cual se encontraba navegando el Dr. Jorge Rachid, el cual se encuentra descompensado y con graves riesgos a su salud, sin poder tener acceso a las vías de comunicación que le permita concurrir al centro asistencial más cercano”, advirtió la denuncia.

La denuncia que firmaron los abogados Daniel Llermanos, Mario Filosof, Jorge Chueco, Rafael Resnick Brenner, Carlos Roble, José Luis Salvatierra, Daniel Trava y Héctor Jorge Rodriguez quedó radicada en el juzgado federal de San Carlos de Bariloche.

“Los responsables de estos hechos que atentan claramente con el derecho de circular garantizado por la Constitución Nacional, serían empleados o contratados por un magnate ingles, Joe Lewis, que a nombre propio y/o de empresas vinculadas a su patrimonio adquirió importantes extensiones territoriales, cuestión que no lo autoriza a ejercer el dominio sobre caminos y rutas públicas, y mucho menos a emplear patotas de guardianes para tareas de carácter policial”, indicaron los denunciantes.

Explicaron que si bien un ciudadano, un civil puede detener en caso de in fragranti delito, el mismo inmediatamente y de forma urgente, debe hacer entrega del aprehendido a las autoridades que correspondan, no tienen facultades para retener a nadie

El tema de fondo atañe a la Defensa del Derecho del Estado -como único sujeto autorizado al uso de la fuerza en los supuestos determinados por la ley- y al claro agravio en perjuicio de la soberanía argentina.

Los denunciantes también incluyeron la figura delictiva de sedición ya que “los agresores a través del alzamiento armando han sustituido las instituciones del Estado, pretendiendo ejercer un régimen legal distinto al de la Nación Argentina, ellos ejercían su propia ley, y tal como dijéramos, no sólo afecta a los peregrinos como damnificados directos, sino que afecta a toda la República Argentina”, dice la presentación judicial.

Tras el pedido de varias medidas de prueba, los abogados pidieron que se identifique y se cite a declarar al grupo armado de agresores, que se encontrarían al mando de identificado como Nicolas Van Ditmar.

En cuanto a las medidas, pidieron determinar qué tipo de armas detentaban, el registro de las mismas, en su caso, las autorizaciones habidas para su tenencia o portación, equipos de comunicaciones, cruce de comunicaciones efectuadas desde el inicio de la peregrinación, entre otras.