Si tal como se anuncia el Gobierno ya trabaja en un plan concreto para plasmar en números duros un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario, los funcionarios del equipo económico se enfrentan a un dilema conocido por todos sus antecesores: por dónde pasar la tijera al gasto público.

Si bien el resultado fiscal de este año se ubicará por debajo de la meta de 4% prevista según la última proyección del Presupuesto, lo cierto es que la aceleración del gasto durante el segundo semestre sumada a la ausencia de ingresos extraordinarios ampliaría fuertemente esa brecha durante 2022. De ahí que en el Ministerio de Economía rescatan del cajón el clásico menú de recortes a la hora de discutir un programa con el FMI. Esa discusión, sin embargo, contaría esta vez con una novedad. A diferencia de los últimos acuerdos, en los que se hizo foco en no podar partidas destinadas a la asistencia social, en esta oportunidad el gasto social probablemente no escape al ajuste. Al menos una parte.

Uno de los mayores recortes, es sabido, es el que se pretende realizar sobre el nivel de subsidios a la energía, que se duplicaron tras más de dos años de congelamiento de tarifas. El objetivo de Martín Guzmán es pasar del actual gasto equivalente a 2% del PBI a 1,5% del producto, lo que equivale a unos USD 600 millones. Para lograrlo, el plan es avanzar en la demorada segmentación de tarifas, para lo cual ya se lanzó un emprolijamiento de la base de datos de usuarios. Sin embargo, el ahorro que se logre en el renglón de los subsidios -en definitiva, algo incierto dada la evolución del costo de la energía- no será suficiente para compensar frenar el ritmo de aumento del gasto. Por eso, la lupa también pasará por aquellos rubros que también hayan registrado fuertes subas en los últimos años. Es ahí donde los recursos destinados a los nuevos planes sociales se destacan en rojo.

Mientras el gasto en la AUH y asignaciones familiares aumentó apenas 0,2 puntos entre los los últimos dos años respecto del nivel pre-pandemia, el rubro de otras transferencias sociales se ubicó este año en 1,1 punto por encima de 2021, al saltar del 0,6% del PBI a 1,7% del PBI. En 2020, año de pleno impacto económico de la pandemia, esas transferencias Habían representado 3% del PBI. Dicho en otros términos, el FMI podría encontrar espacio para el ajuste en las partidas destinadas a la Tarjeta Alimentar o planes como el Potenciar Trabajo, incluso el Repro.

“Los subsidios a los servicios públicos son el elemento obvio. Las tarifas llevan congeladas más de dos años y hoy cuestan la mitad –en términos reales— de lo que costaban en diciembre de 2019, lo que hizo que los subsidios se dupliquen como porcentaje del PBI en los últimos dos años. Si el año que viene las tarifas no aumentan por encima de la inflación, este gasto seguirá aumentando”, apuntó Francisco Ballester, director de la consultora MindY Economics. “Además de los subsidios, hay un componente del gasto que se ha vuelto relevante en los últimos años: el gasto social discrecional”, agregó el economista para quien, en los años anteriores a la pandemia, ese gasto que se triplicó respecto de la pre pandemia, no era un problema central. De ahí que el Fondo Monetario habilitara incluso un desvío de las metas si los recursos se aplicaban a ese destino en los acuerdos firmados durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri. Pero los números ahora son muy distintos y, según Ballester, “hoy, cualquier plan de consolidación fiscal debería reducir el gasto social”.

Pero no todo es lo mismo bajo esa etiqueta. Las transferencias automáticas como la AUH se ajustan por la fórmula de movilidad, lo que no deja margen de maniobra. No es el caso para el otro tipo de asistencias, como lo fueron el IFE o el ATP el año pasado y los distintos planes que los sustituyeron este año o la Tarjeta Alimentar, lanzada apenas asumió el Gobierno actual. Eso le permite que, aún sin discontinuar o eliminar esa asistencia, pueda reducir su peso en el presupuesto en términos reales, con ajustes por detrás de la inflación.

En definitiva, fue eso lo que ocurrió durante el primer semestre de este año, cuando gracias al retraso en jubilaciones, AUH y salarios estatales, el gasto creció a un ritmo de 32% interanual para acelerarse en el tercer trimestre al 50% y llegar, según la proyección del director de Equilibra, Lorenzo Sigaut Gravina, a 64% interanual para el último trimestre del año.