El Juez Javier De Gamas Soler dictó con fecha 17 de mayo el procesamiento de Ayelén Magalí Golovca, Hector Segovia y Eduardo Daniel Nuñez, en  los autos N° 33738/2016 “Gargiulo, Paula s/denuncia”.

Se trata de la denuncia realizada en septiembre del año pasado por el Gobierno Provincial por irregularidades en el pago de los planes sociales Red Sol, a través de una maniobra mediante la cual Golovca, que se desempeñaba como personal de planta permanente del Ministerio de Desarrollo Social, habría confeccionado autorizaciones de pago a nombre de su tío Héctor Segovia, en perjuicio de los beneficiarios del programa social, es decir, de familias de escasos recursos.

A Golovca se la procesa por el delito de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y por insolvencia fraudulenta en concurso real, además de mantenerse el embargo de 600 mil pesos.

A Segovia, por considerarlo prima facie como partícipe necesario responsable del delito de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de una administración pública  y también se le mantiene el embargo por el mismo monto que a Golovca.

Y por último a  Eduardo Nuñez, pareja de Golovca, por considerarlo prima facie partícipe necesario del delito de insolvencia fraudulenta, con un embargo de $187.500.

El Juez también ordenó el embargo de una camioneta doble cabina marca Nissan que está a nombre de Núñez, para que la Ministra Gargiulo disponga de su uso dentro del ámbito de Desarrollo Social.

Por estos hechos, la gobernadora Rosana Bertone ordenó realizar el sumario correspondiente y crear una Comisión Investigadora, que en marzo pasado presentó su informe al ministro Jefe de Gabinete Leonardo Gorbacz.

La ministra de Desarrollo Social Paula Gargiulo manifestó su “decisión firme de perseguir y denunciar todo hecho de corrupción que detectemos” mientras que el Jefe de Gabinete Leonardo Gorbacz reiteró que “el ordenamiento administrativo que encaramos demuestra que el desorden que recibimos de la gestión anterior dio lugar a hechos graves de corrupción” y que “la orden de la gobernadora Rosana Bertone es ir a fondo contra la corrupción”.

Por ahora, se han detectado unos 150 pagos fraudulentos por una suma total de 300 mil pesos.