Ambas reformas se inscriben en una decidida intención de sentar las bases de una democracia social y representativa, con mayorías y minorías claras y ciudadanía informada y con educación cívica previa y eficiente.

Sorpresivamente y a través de un mensaje presidencial, Bachelet anunció la noche del martes que en septiembre se iniciarán una serie de diálogos y consultas que deberán desembocar en la Nueva Carta Fundamental "plenamente democrática y ciudadana".

Si bien la propuesta estaba en su programa de gobierno, habían dudas acerca de que si en medio de un complejo programa de reformas sociales que lleva adelante y los escándalos de corrupción, Bachelet tendría espacio para animar esta reforma, transcurridos 25 años desde el fin del régimen militar.

Bachelet incluyó el anuncio dentro de un esperado paquete de medidas anticorrupción, con el que busca afrontar los escándalos derivados del millonario negocio inmobiliario que concretó su hijo mayor, Sebastián Dávalos, y los de financiamiento ilegal de campañas políticas que involucran a dos de los más importantes grupos económicos del país, el grupo Penta y la minera Soquimich.

Bachelet destacó que "estoy convencida que el perfeccionamiento de la democracia es una tarea continua que no pertenece a un mandato u otro, y esto supone un permanente diálogo entre miradas diversas y una articulación de una suma de voluntades. Este proyecto de ley previene no sólo de mejor manera los conflictos de interés de las autoridades públicas, sino que establece sanciones más severas en caso de que se presenten”. 

Explicó que primero, extiende, regula y aumenta las declaraciones de intereses y patrimonio, haciendo más duras las sanciones para los infractores. La mandataria detalló que la medida establece un fideicomiso para las autoridades que posean un patrimonio en acciones y valores por sobre un monto de importancia y la imposibilidad de que un funcionario del Estado sea parte al mismo tiempo de empresas que hacen negocios con el Estado. "En este caso, la autoridad tiene que vender la participación en esa empresa", indicó la jefa del Estado.

En el otro proyecto, "lo que estamos proponiendo es el término de la reelección indefinida, que es lo que rige hoy", indicó. Dicha medida reduce la reelección de senadores a una ocasión (completando como máximo 16 años en el Congreso) y la de diputados, alcaldes, concejales y consejeros regionales a dos, para un total máximo de 12 años en funciones.