Todo comenzó cuando el padre de un sujeto que se encuentra detenido y procesado por un presunto abuso sexual contra su sobrina, denunció a dos abogadas de la ciudad de Río Grande, asegurando que las mismas habrían cometido una estafa contra su hijo y su familia.

Esta persona denunció a las letradas Yamila Ayelén Gallardo y Adriana Varisco de haberle hecho firmar un documento por el cual le exigían la cifra de 260 mil pesos en concepto de caución que presuntamente la Justicia le cobraría por la causa de su hijo.

Al no contar con la cifra antes mencionada, las abogadas habrían solicitado que la familia le haga entrega de dos automóviles que poseían mediante la forma del documento del 08 y un terreno, el cual aún no han finalizado de pagar.

De esta forma, la familia hizo entrega de sus bienes, los cuales deberían haber quedado a resguardo de la Justicia de acuerdo a lo explicado por sus abogadas. Con el correr de los días, tal fue la sorpresa de la familia, donde uno de los integrantes habría asegurado ver circular uno de los rodados, por lo que les llamó poderosamente la atención.

Mientras la causa continuaba avanzando, se trasladaron hacia los Tribunales, donde se les explicó que el monto de la caución habría sido de 60 mil pesos y que nunca los vehículos fueron parte de la misma. Ante esta situación, el pasado 29 de julio decidieron radicar una denuncia ante la fiscalía contra las abogadas Gallardo y Varisco por el delito de “Defraudación y Estafa”. 

Inmediatamente el Fiscal Jorge López Oribe comenzó a solicitar diversas medidas de prueba al Juez Eduardo López, a fin de poder avanzar con la investigación. 

La denuncia no cayó nada bien a las abogadas, quienes buscaron minimizar la situación, buscando aclarar el tema y que se desestime la denuncia.
 

Por otro lado, la familia del detenido, nuevamente se presentó ante la Justicia, asegurando que al menos, una de las abogadas habría buscado reunirse con ellos, a modo de intimidarlos para que no se continúe con la investigación, situación que fue tomada desde la Justicia como un estilo de “apriete” a la víctima. Ante esta situación, inmediatamente se realizó una presentación formal ante el Colegio de Abogados de la ciudad de Río Grande sobre el accionar de las letradas, a fin de que tomen medidas en el asunto. Asimismo, se procedió a dictar una prohibición de acercamiento de las abogadas para con toda la familia de la víctima, al tiempo que se las notificó de Derechos y Garantías Procesales. Cabe destacar que ambas letradas

Finalmente, desde el Juzgado de Instrucción N° 1 se dispuso el secuestro de los vehículos, donde uno de ellos logró ser ubicado en una concesionaria de la ciudad, en tanto que aún no aparece el segundo vehículo. Mientras tanto, el Juez continúa llevando adelante audiencias de declaraciones testimoniales a todas las personas que se sintieron perjudicadas dentro de la misma causa, como así también, la recolección de nuevas pruebas que permitan poder continuar avanzando en la investigación.