Río Grande.- Frigerio estuvo esta mañana en la capital santacruceña, y luego emprenderá viaje junto a su comitiva hacia Río Grande, donde participará de la tradicional Vigilia y cenará con la gobernadora Rosana Bertone. Lo acompaña su par de Educación Esteban Bullrich.

Durante la visita, no se descarta que también realice algún tipo de gestión, debido al extenso conflicto que sostienen los empleados estatales fueguinos, desde hace 31 días.

Vale recordar que el conflicto se encuentra empantanado, sin canales de negociación abiertos entre Gobierno y sindicatos, porque los estatales reclaman la derogación de las leyes que reformaron el régimen previsional en el mes de enero, y desde el Ejecutivo rechazan la derogación de las normas, mientras reclaman que los gremios levanten el acampe que llevan adelante frente a la Casa de Gobierno, para sentarse a discutir.

Mientras tanto, la gobernadora Rosana Bertone ayer confirmó que se aplicarán los descuentos correspondientes a los trabajadores que realizan un paro por tiempo indeterminado, señalando que “yo voy a ser Gandhi en este reclamo y no voy a reprimir. Voy a hacer todas las medidas legales que tenga que hacer y los descuentos salariales que tengamos que hacer, por un paro que ya ha sido declarado ilegal por el juez (laboral Guillermo) Penza”.

Por su parte Rafael Ponce, secretario General del Sindicato de Empleados Judiciales de la Provincia (SEJUP), señaló que "no podemos, después de más de 30 días de medidas de fuerza, seguir hablando de la reglamentación de la Ley.  El gesto que nosotros esperamos del Gobierno es que se sienten a hablar. Ellos no han dado ningún gesto y nosotros sí, como fue el levantamiento del corte de ruta. Confunden a la opinión pública, porque las paritarias no son por lo que estamos acá. Nosotros estamos por la derogación de las leyes, la suspensión, o la modificación de los aspectos de las leyes en los que la Unión de Gremios no está dispuesta a ceder”, señaló el titular de uno de sindicatos que llevan adelante la medida.

El conflicto involucra a sectores como los docentes, la administración central, hospitales públicos, bancarios provinciales, entes de contralor, municipales y todo el abanico de trabajadores que responden al Estado provincial y los Municipios. El reclamo es por las leyes que en enero pasado prorrogaron la edad para jubilarse, incrementaron los aportes personales para la caja de previsión y la obra social, e implementaron un “aporte solidario” en forma compulsiva, con el objetivo de destinar fondos para solventar la crisis histórica que atraviesa el Instituto Provincial Autárquico Unificado de Seguridad Social (IPAUSS).