Río Grande.- Sobre el reclamo de los vecinos del sector, Cano dijo que “estuvieron desde temprano, pasadas las 9:30 ha había algunas personas del barrio con bombos, tengo entendido que querían conversar conmigo, yo atiendo a todo el mundo, en este reclamo puntual no se va a resolver la situación con bombos ni afectando el normal desenvolvimiento de trabajo de todo el equipo que está acá en el IPV”.

Aseguró que entiendo “el reclamo y el enojo de los vecinos pero este no es el lugar del reclamo, sino que es en el Tribunal de Cuentas de la Provincia porque la situación concreta es que nosotros tuvimos que hacer una presentación que implica una declaración de certeza del Superior Tribunal de Justicia -que es el máximo tribunal de justicia en la Provincia- porque no podemos avanzar con la obra porque el Tribunal de Cuentas de la Provincia no autoriza y si bien son dineros de la Secretaría de Viviendas de Nación, a nosotros nos comprende las generales de la ley y todas las gestiones que lleve a cabo el IPV, deben ser previamente autorizadas, en términos de pagos, en términos de contrataciones”.

Consultado sobre la negativa de una autorización por parte del TCP, el titular del IPV dijo que “no nos autorizan porque dicen que nosotros no hemos cumplido con la Ley de Contrataciones de obra pública, obviamente el IPV tiene una forma de proceder, tiene equipos técnicos que avalan cómo llevamos adelante una contratación y hemos cumplido todos los pasos, acabadamente y con el respaldo jurídico que corresponde,  estamos en condiciones y por eso hemos firmado el contrato con la empresa PROALSA para poder empezar con la obra”.

El funcionario provincial insistió en que “nosotros hemos procedido absolutamente bien y nos sentimos avalados jurídicamente para hacer la presentación ante el Superior Tribunal de Justicia. El tribunal de Cuentas de la Provincia aduce que nosotros no hemos cumplido con una ley de contrataciones de obras públicas y esto es imposible porque tenemos un procedimiento que hay que llevar adelante y lo hemos cumplido”.

El titular del IPV entendió que “acá hay una visión equivocada del procedimiento por parte del TCP, nosotros pensamos que están equivocados”.

“Es la primera vez que pasa con una obra pública del IPV, si hay algo que tiene este ente es la prolijidad enorme, es el mayor urbanizador de la provincia y nunca tuvo problemas”. “Nosotros hemos notificado a la empresa que esta suspendida la obra, al tener un contrato firmado, la empresa tiene sus derechos a partir de esa situación”.

Miguel Cano comentó que “con el tribunal de Cuentas no nos hemos reunidos, al hacer la presentación para declaración de certeza ya no hay una posibilidad de sentarse a negociar uno tiene una visión y ellos tienen otra”. “Ojala se destrabe mañana y la semana que viene comenzar a trabajar porque esta todo previsto, nosotros queremos hacer la obra, no fue una promesa de campaña como se escuchó, esto se viene tratando del año 2014, finalizó.

Cabe destacar que la obra consta de unas 50 cuadras un monto de 39 millones de pesos, dinero que viene de la Secretaria de Vivienda de la Nación.