Río Grande.- El legislador radical Pablo Blanco, presidente de la comisión de presupuesto de la Legislatura, expuso su intención de convocar a reunión de comisión, a fin de consultar con sus pares sobre el tratamiento del proyecto de presupuesto 2020 ingresado por el Poder Ejecutivo el pasado viernes.

“La idea es aprobarlo antes del 15 de diciembre, cuando termina el período de sesiones ordinarias, Caso contrario, las sesiones ordinarias se prorrogan hasta el 31 de diciembre. En esta oportunidad se da la circunstancia de que en medio está la asunción de nuevas autoridades. Nosotros tenemos que tratarlo, salvo que la opinión de la mayoría sea en contrario”, dijo por Radio Fueguina.

“Como presidente de la comisión tengo que convocar a reunión. Es cierto que el presupuesto es un plan de gobierno y está hecho en base a la estructura del gobierno actual, pero tranquilamente se puede ir discutiendo. Vamos a ver cuál es la opinión de los demás legisladores”, señaló.

Si bien todavía no pudo analizar el proyecto, en principio se plantean recursos por 41 mil millones de pesos y erogaciones por 56 mil millones. “Hay 14 mil millones de diferencia, pero parte de eso es por los bonos. Por los números que vi, el déficit es de 2.400 millones, un poco más del doble del presentado para el anterior presupuesto aprobado”, observó.

Consultado sobre la merma de 500 cargos docentes y una incorporación de 500 agentes, reiteró que todavía no pudo analizarlo en detalle, pero “la baja del personal afectado a educación prácticamente es la misma que se da de alta en otros sectores y es la transferencia del sector educativo a la administración central de todos los auxiliares docentes. No lo he analizado en particular todavía, pero por lo que vi no hay gran variación de la planta”, afirmó.

Control de cambios

Por otra parte, se lo consultó sobre las medidas anunciadas el domingo por el gobierno nacional, con el cepo cambiario, y manifestó que el tope de 10 mil pesos no afecta al ciudadano común, por lo que debió tomarse antes una decisión de este tipo. “Lo único que anhelo es que se calmen los mercados, independientemente de la campaña electoral y quién va a tener el resultado favorable el día de mañana. Hay que tranquilizar a los mercados porque las consecuencias las paga la gente común, con esta timba financiera de los mercados”, expresó.

Respecto de si este derrumbe de la gestión Macri perjudica su campaña, consideró que “hay dificultades que son consecuencia de medidas que no se han tomado correctamente o se deberían haber tomado con anterioridad. Lo importante es que están dando resultado. Esto no me quita las ganas de seguir trabajando y sigo pensando que la línea trazada por Macri corresponde a un país distinto, a un país insertado en el mundo, aunque muchas veces los resultados no se dan”.

“En la gestión hay cosas buenas y cosas malas. Yo no desconozco que la gestión económica es mala, pero se han respetado libertades y el funcionamiento de las instituciones. Seguramente la parte económica es la que más pega y ha fallado. Uno reconoce los errores”, subrayó.

“Están embarrando la cancha”

El legislador además fue crítico de las declaraciones públicas del presidente de la caja de previsión Rubén Bahntje, a quien acusó de “embarrar la cancha” en función del proceso electoral en marcha, y le pidió “prudencia y seriedad”.

Fue tras las manifestaciones del funcionario respecto de la armonización de la caja, que según dijo sería la consecuencia directa del acuerdo de asistencia financiera firmado por Gustavo Melella con Alberto Fernández. “Se dicen cosas por decir, sin analizarlo. Hay que ser un poco más profesional y más serio con este tema. Bahntje dijo que no se sabe de dónde saldrán los recursos para la movilidad jubilatoria y que por la ley de responsabilidad fiscal no están previstos los recursos. O lo dice adrede, o desconoce el articulado de la ley, porque él sabe que con la normativa vigente cualquier déficit debe ser sustentado por aquellos que lo originan”, señaló por FM La Isla.

“Me parece que se trata de buscar cosas que no son ciertas con alguna declaración. Uno puede estar de acuerdo o no con que cada organismo se haga cargo de su déficit, pero el presidente de la caja no puede decir que no están previstos los recursos para hacer frente a la movilidad, cuando está vigente el artículo 23 de la ley 1070”, sostuvo el radical.

Respecto de la transferencia de la caja, dijo que “el convenio del 6 de diciembre del ’99 en el marco del cual el gobernador electo firmó el financiamiento del posible déficit con el candidato del Frente de Todos, hay que leerlo para no decir cualquier cosa. En ese convenio dice que es facultad de la provincia la transferencia o no de su sistema previsional. En el mismo acuerdo habla de transferencia y de armonización, que es algo distinto. Dice que cuando la provincia solicite asistencia en el marco de este convenio, tendrá que armonizar el sistema, que no significa transferir, sino adecuar las condiciones de jubilación en la provincia a las jubilaciones nacionales”, explicó.

“Hay condiciones que ya están armonizadas, como la determinación del haber. Antes la provincia lo tenía en 24 meses y ahora lo tiene en 120 meses, similar al ANSES. También acerca puntos respecto de la edad jubilatoria”, indicó.

Para Blanco “estas declaraciones buscan generar zozobra y antes que todo hay que ver que se cumplan los requisitos. Primero, que Fernández sea presidente, y luego que la provincia pida financiamiento de su déficit. Y después hay que ver las negociaciones que se lleven a cabo. En una lectura literal, si Tierra del Fuego pide financiamiento debería armonizar, pero del dicho al hecho hay mucha distancia”, advirtió.

“Hay una ley que ampara las fuentes de financiamiento, y es cierto que con el vencimiento de la emergencia previsional algunas se caen, como las utilidades del banco, la devolución del 15% de retención de coparticipación de ANSES, entre otros. Esto termina en diciembre y de acá a esa fecha habrá que ver si continúan esas fuentes de financiamiento, en el marco de una emergencia previsional o en otro marco. Esta es una decisión que debe tomar el gobierno que asuma el 17 de diciembre. Si pretenden hacer campaña política con el sistema previsional, están embarrando la cancha”, concluyó.