La crisis institucional brasileña va en aumento. Ayer, la policía federal allanó las residencias y las oficinas de siete senadores federales acusados de participar en delitos de corrupción en Petrobras. El escándalo, que lleva ya un año y medio, llevó a prisión a varios empresarios de primera línea y ahora le toca el turno a los legisladores, entre quiénes se cuenta nada menos que el ex presidente Fernando Collor de Mello. 

La policía federal brasileña ingresó ayer en la casa de Collor y secuestró tres automóviles de lujo, entre ellos un Alfa Romeo y una Ferrari. Pero la mayor convulsión fue provocada por el inminente procesamiento de dos parlamentarios de primera línea: Eduardo Cunha, titular de la Cámara de Diputados y Renan Calheiros, presidente del Senado. Ambos están también involucrados en el caso de las coimas que cobraban ex directivos de Petrobras y que eran transferidas, en gran parte, a los partidos políticos y sus legisladores.

Ayer la presidenta Dilma Rousseff estuvo reunida con el líder del Partido de los Trabajadores y ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva. En esa mini cumbre partidaria discutieron el impacto de estos nuevos allanamientos policiales. Al salir del encuentro Lula declaró: “Esto recién empieza. Debe esperarse en adelante algo mucho peor”.

Fue la Corte Suprema la que autorizó los allanamientos y secuestros de materiales, computadoras y otros objetos, en los domicilios de los líderes congresistas amenazados por el escándalo. Pero tanto diputados como senadores poseen fueros que inhabilitan la prisión, al menos por el momento. 

Para la oposición brasileña, este operativo, que implica una nueva fase de la llamada Operación Lava Jato –de investigación de las coimas en la petrolera estatal-, pone en baño maría la iniciativa para alejar a Dilma Rousseff del cargo presidencia, ya sea por la vía judicial o por la del juicio político. Con los titulares de Diputados y Senado en el banquillo de acusados, se verán muy complicadas las operaciones para defenestrar a la jefa de Estado.