La consulta popular busca poner a consideración una enmienda constitucional con el objetivo de que el gobernador acceda a su tercer mandato en La Rioja.

No obstante, el presidente de la UCR riojana, Enrique Olivares y el interventor del PRO en dicha provincia, Marcelo Wechsler, denunciaron ante el máximo tribunal “gravísimas circunstancias que se han producido en el proceso electoral”. En el escrito denuncian al tribunal electoral de la provincia por actuar con parcialidad y frustrar todo intento de control y fiscalización de parte de los partidos políticos.

Los denunciantes advirtieron una serie de irregularidades tales como muertos en el padrón y cuartos obscuros sin control partidario.

Con respecto al primer punto indicaron que si bien debe llamarse a consulta popular con 90 días de antelación al acto eleccionario, esta consulta se convocó con sólo 30 días de antelación  por lo cual no se incorporaron las novedades con respeto a las altas y bajas de electores. Esto quiere decir que no se eliminó a las personas muertas ni se incorporó a los jóvenes que cumplieron años desde octubre de 2017.

Otra irregularidad consiste en la demora en el nombramiento de autoridades de mesa. La ley electoral provincial marca que el nombramiento debe hacerse 20 días antes de la elección pero que en este caso faltando dos días corridos para el acto de consulta no se ha informado quiénes son las autoridades de mesa designadas. A esto se suma que los pocos ciudadanos que cumplen con esa función han sido desplazados por ciudadanos afines al gobierno provincial.

Los diputados de Cambiemos también rechazaron la determinación de que la inspección del cuarto oscuro y la reposición de boletas esté a cargo del presidente de mesa de manera exclusiva mientras que los fiscales partidarios quedarán limitados a controlar la normalidad y legalidad de los comicios sin poder intervenir en la supervisión de las papeletas.

Además, denunciaron el anuncio hecho por el propio fiscal de Estado de la provincia quien anticipó que el domingo, una vez finalizada la consulta popular, sólo se contarán los votos por el no a la enmienda constitucional. El fiscal argumentó que como la reforma ya consiguió el 66% de apoyo con el voto positivo de los dos tercios de la Legislatura, corresponde que el “no” obtenga más del 35% de los votos del total del padrón para que la enmienda sea desestimada.