Para el juez Claudio Bonadío, Cristina Kirchner "comandó" una "organización delictiva conformada por funcionarios públicos, que se dedicó a la "percepción de sumas de dinero ilegítimas, por parte de diversos particulares, muchos de ellos, empresarios contratistas de la obra pública del Estado Nacional”. El magistrado amplió el período de la investigación llevándolo desde 2003 hasta 2015, es decir a toda la gestión kirchnerista. Una seria de nuevas pruebas recolectadas, más testimonios y una ampliación de la acusación son los principales motivos por los que el lunes la expresidenta deberá volver a los a Comodoro Py a dar explicaciones.

Nuevos testimonios

El ex secretario de Obras Públicas José López señaló a Cristina y Néstor Kirchner como los máximos responsables de reclamar la recaudación de "fondos ilegales". Lo hizo en el marco de su confesión como imputado colaborador. 

Además, el empresario Gabriel Romero de Hidrovía SA, señaló en su confesión que tuvo que pagar 600.000 dólares por un decreto que firmó la expresidenta para ampliar la concesión hasta 2023.

No fueron los únicos que mencionaron a Cristina Kirchner en sus indagatorias. Entre otros de los testimonios que la complican, se encuentra el de Carlos Wagner ex presidente de la Cámara de la Construcción, quien indicó que la senadora y el expresidente tenían conocimiento del sistema de "cartelización de obra pública" que les permitía cobrar coimas del 10 al 20% del total de los contratos de obras adjudicados.

También, se tuvo en cuenta la declaración del ex funcionario K Claudio Uberti quien señaló que las valijas con dinero se trasladaban al departamento de la senadora en el barrio de Recoleta para después ser llevados al sur "donde tenían bóvedas". 

El financista K, Ernesto Clarens que aún no logra la homologación de su acuerdo de colaboración por parte del Juez, admitió ser parte de la estructura de cobros de sobornos a las empresas constructoras y se refirió al rol del matrimonio Kirchner.

Después de generar nuevas pruebas en el marco de la recaudación de fondos ilegales, el juez Bonadío decidió ampliar el período de la investigación, señalando que el sistema de recaudación ilegal de retornos impulsado por funcionarios del Ministerio de Planificación Federal “comenzó entre el año 2003 y 2004” y se prolongó hasta 2015 cuando Cristina dejó el Gobierno. 

Por la ampliación del período se agregó al expediente la nueva fecha de la maniobra por la que deberá responder Cristina Kirchner señalada como jefa de la asociación ilícita.

Desdoblamiento de la causa

Por la ampliación, Cristina Kirchner deberá declarar nuevamente. ​Respecto a la organización de la causa, la novedad es que el juez decidió generar tres nuevos expedientes a raíz de las declaraciones de los imputados colaboradores, dividiendo las causas según tres grandes temáticas.

Cada una analizará aquellos sectores en los que el gobierno kirchnerista recaudaba los pagos ilegales: el sector energético, la obra pública civil y el transporte. ​ 

Los expedientes van a tramitar juntos, es decir, seguirán en el juzgado de Bonadío como desprendimientos de la gran asociación ilícita que se dedicaba a recibir fondos ilegales, y donde Cristina Kirchner está acusada de ser la jefa de la misma.

Entrecruzamiento de llamadas

El juez Bonadío y el fiscal Carlos Stornelli cuentan con una gran cantidad de llamadas telefónicas que involucran a imputados relevantes, incluso de presos que ostentaron mucho poder, dialogando sobre la estructura investigada y que involucrarían a la expresidenta.