Tras la acción declarativa de certeza presentada por la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF) para que resuelva quien debe cobrar el impuesto inmobiliario en Tierra del Fuego, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la resolvió este martes 12 de diciembre hacer lugar y declarar que “la Provincia resulta titular de las potestades constitucionales que determinaron el dictado de la Ley 1075”, señala la resolución judicial

“Razón la cual se encuentra ajustada a derecho la decisión de retomar su atribución con las facultades que le resultan inherentes respecto al impuesto inmobiliario sobre todos los inmuebles en su territorio, ya sea que se encuentren en centros urbanos o zonas rurales con el alcance dispuesto en el exordio”, agrega la resolución registrada en el tomo 104 folio 164/212.

El documento firmado por los integrantes del STJ, el presidente Carlos Gonzalo Sagastume y los jueces Javier Muchnik y María del Carmen Battaini resuelve una de las cuestiones por la que hoy el Gobierno y los municipios, los de Río Grande y Ushuaia, tienen una tensa relación.

“Era de esperar, posiblemente iremos a la instancia superior, la Corte Suprema de Justicia“, señaló una alta fuente del Municipio de Río Grande al recibir la noticia. 

Uno de los puntos de diálogo entre la Provincia y los municipios fue el polémico impuesto inmobiliario pero no hubo acuerdo y quedó en manos del Superior Tribunal de Justicia, que resolvió unos días después a favor de Gobierno. Esta fue una de las razones por la que las partes -a dos años de gobernar simultáneamente- recién entablan un lozano diálogo. “Ninguna parte quería ceder”, comentaron fuentes Judiciales.-