En el texto enviado a AIM, la Acag advierte que, desgraciadamente, “se confirma lo que siempre sostuvimos y lo que llevó a la Nación Argentina a reclamar ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya: la pastera UPM-Botnia compromete la sustentabilidad de nuestros recursos naturales al agredir el hábitat natural del río Uruguay. Los daños no solo agreden nuestra agua, nuestra tierra y nuestra atmósfera. También ponen en riesgo la salud de la población”.

Además denuncia que pese a los hechos ocurridos, “las autoridades responsables de preservar el medio ambiente y de cuidar nuestra salud permanecen impávidas. Lo que ayer fue ‘causa nacional’ hoy es una indiferencia condenable que debemos condenar. No ha habido ninguna respuesta ni por parte de la Comisión Administradora del Río Uruguay (Cru) –a quien se le encomendó conforme al fallo de La Haya ejercer un control permanente y continuo- como tampoco de los responsables políticos y de salud de los distintos gobiernos que no asumen sus responsabilidades”.

La Asamblea advierte que, increíblemente “no se toman medidas. Pese a que ya ha transcurrido más de una década no se ha practicado siquiera un solo estudio oficial que confirme lo que ya sabemos. Por el contrario, debemos enterarnos mediante informes e investigaciones periodísticas que la propia Caru ha constatado la presencia de sustancias tóxicas sin que eso se divulgue mediante una información seria y responsable que preceda a acciones y medidas concretas para terminar con estos problemas graves. Se nos quiere condenar a convivir con la contaminación y que nos resignemos mansamente a sufrirla”.

También considera que “eso no puede aceptarse. Seguimos y seguiremos reclamando a los responsables políticos que tomen sin más y en forma inmediata las medidas sanitarias y judiciales, activando con firmeza todas las acciones necesarias para que cese la contaminación de UPM-Botnia y esa empresa deje de producir, dañando nuestro medio ambiente y la salud de nuestros vecinos”.