Este Programa que es instrumentado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en todo el País, pone al alcance de los jueces, fiscales y defensores una herramienta que posiciona al arresto domiciliario como una alternativa cierta a la pena de prisión, y al mismo tiempo, favorece la reinserción social de personas adultas condenadas o procesadas por la Justicia penal nacional y/o federal, que se encuentren privadas de la libertad y en condiciones de acceder al beneficio.

Quienes accedan a la prisión domiciliaria, que en principio serán 10 detenidos, contarán con un mecanismo de rastreo y monitoreo mediante pulsera electrónica colocada en el tobillo. Un sistema de vigilancia permanente permitirá informar inmediatamente a las autoridades judiciales cada vez que se altere el normal funcionamiento de las pulseras.

El convenio tendrá una duración de un año renovable automáticamente, y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación será quien afrontará los costos del servicio.

La gobernadora Rosana Bertone destacó “la predisposición para trabajar en conjunto” de parte de la Cartera nacional en éste y otros temas, como la “reforma del sistema acusatorio y la deuda que Nación mantiene con la Provincia por los presos federales, donde el expediente ya está muy avanzado”.
 
“Nosotros tenemos una población carcelaria relativamente pequeña comparada a otras provincias, pero hay déficits por mejorar. Pero entendemos que si trabajamos en conjunto podremos lograr una reinserción social verdadera de los que hoy están privados de su libertad” concluyó Bertone.