En el año 2010, la gestión de la gobernadora Fabiana Ríos suscribió un convenio con la firma de capitales chinos constituida como “Tierra del Fuego Energía y Química S.A.” acordando la venta de gas para su industrialización.

El Convenio establecía que “Tierra del Fuego Energía y Química S.A.” debería realizar pagos adelantados por la compra del gas y cumplir con requisitos que iban desde estudios de factibilidad hasta obras de ingeniería civil, y una serie de procedimientos tendientes a la puesta en marcha de la Planta de Urea a construirse en la ciudad de Río Grande. La finalización se estimaba para el mes de mayo de 2013.

Pese a las sucesivas intervenciones del Fiscal de Estado y sus recomendaciones sobre posibles irregularidades en el acuerdo, el Convenio fue remitido posteriormente a la Legislatura para su ratificación en noviembre del año 2010.

En diciembre de 2010, una vez ratificado el Convenio por la Legislatura, la empresa realizó el primer pago al que se había comprometido; pero el segundo pago nunca se concretó; ni tampoco se inició ninguna de las obras pactadas anteriormente.

La empresa manifestó excusas que apuntaban a las supuestas firmas chinas que estaban detrás del proyecto y a otras razones no del todo claras, solicitando una prórroga para el pago en cuestión.

El Gobierno concedió entonces a la empresa no sólo una, sino cuatro prórrogas, dilatando de esta forma el cumplimiento de las obligaciones contractuales y aplicando únicamente intereses por mora y una multa diaria.

En los años siguientes, las partes acordaron la suspensión del convenio mediante la suscripción de actas, estirando de esta manera los tiempos sin prever el pago de intereses ni multas hasta el año 2015.  Y a pocos días del cambio de gestión, el gobierno anterior concede una nueva prórroga.

Sin embargo, al día de hoy la empresa “Tierra del Fuego Energía y Química S.A.” no abonó a la Provincia las sumas adeudadas.

Al asumir la gestión de la gobernadora Rosana Bertone, y tras un exhaustivo análisis del expediente, se constataron serias irregularidades en la tramitación de las actuaciones administrativas y una conducta displicente de la empresa para acreditar en el expediente las razones esgrimidas para justificar los incumplimientos y solicitar nuevas prórrogas.

Por ello, el Ejecutivo determinó a través del Decreto 1426/16, dar por finalizado lo que fue conocido popularmente como “el convenio chino”.