La política de Tierra del Fuego volvió a poner la soberanía en el centro del debate tras la llegada de un buque británico al puerto de Ushuaia que según datos obtenido hablan de que es la tercera vez que éste buque ingresa al puerto ushuaiense en los úlitmo 4 años. Pero en esta oportunidad, sectores del peronismo fueguino alzaron la voz con dureza, reivindicando el reclamo por Malvinas y cuestionando la presencia del Reino Unido en el Atlántico Sur. El planteo, en principio legítimo, choca sin embargo con un antecedente mucho más incómodo para el oficialismo provincial: la instalación del radar de la empresa LeoLabs en las proximidades de Tolhuin, que desató un escándalo de seguridad nacional en 2023 y que hoy obliga a revisar el doble estándar con el que se manejan algunos dirigentes.

La controversia por LeoLabs no es nueva. En 2023, el Ministerio de Defensa de la Nación sostuvo que el proyecto constituía una amenaza para la seguridad nacional y reclamó su cancelación, una decisión que el gobernador Gustavo Melella terminó respaldando públicamente. Sin embargo, la documentación que actualmente analiza la Comisión Investigadora de la Legislatura revela que los trámites no comenzaron con el escándalo mediático. El 12 de noviembre de 2021, se inició ante la Dirección Provincial de Energía un pedido de factibilidad para suministrar electricidad al proyecto en la Estancia El Relincho, firmado por José Luis Hormaechea, entonces vinculado a la empresa y posteriormente relacionado con la gestión provincial. Es decir, el radar ya tenía actuaciones administrativas en 2021, mucho antes de que el conflicto escalara a nivel nacional.

La empresa LeoLabs, por su parte, rechazó las acusaciones y sostuvo que no es británica sino estadounidense, negando capacidad para rastrear misiles o aeronaves, y afirmando que la estación estaba inoperante desde junio de 2023. Pero el dato central es que el propio Estado nacional consideró el proyecto lo suficientemente grave como para ordenar su cancelación, mientras Melella reclamaba revisar las normas que habían permitido su avance. Lo que no se ha explicado con claridad es cómo el proyecto pudo sortear los controles provinciales iniciales, qué organismos intervinieron y por qué se otorgaron las autorizaciones correspondientes.

La pregunta que subyace es incómoda para el discurso oficial: si la presencia británica en el puerto de Ushuaia merece una condena inmediata, ¿por qué una instalación tecnológica extranjera en el corazón de la Isla Grande no generó la misma contundencia cuando recién comenzaba a tramitarse? La soberanía no puede ser una bandera que se iza frente a determinados actores y se guarda cuando el problema compromete a dirigentes del propio espacio político. El caso del buque es válido, pero no puede usarse como una oportunidad para construir un relato de patriotismo selectivo que omite los propios antecedentes incómodos.

El fondo del asunto es que Tierra del Fuego tiene una ubicación estratégica demasiado importante como para reducir estos debates a una competencia de consignas partidarias. La presencia británica en el Atlántico Sur merece una política de Estado, pero el control sobre las instalaciones tecnológicas extranjeras y las autorizaciones otorgadas por funcionarios argentinos —nacionales o provinciales— también deberían ser examinadas con el mismo rigor. La soberanía no se defiende solo con discursos sobre Malvinas, sino también explicando quién autorizó qué, quién sabía qué, y por qué determinados proyectos pudieron avanzar dentro de la provincia hasta convertirse en un conflicto de seguridad nacional.