La decisión de Roch S.A. de pegar un portazo y abandonar Tierra del Fuego no fue espontánea. Tiene un único y claro responsable: el gobierno de Gustavo Melella. Mientras la ministra Gabriela Castillo amenazaba con la caducidad de las concesiones por “incumplimientos”, el gobierno de Melella construyó un escenario de hostilidad institucional que dejó a la empresa sin más opción que el retiro. Pero lo que para algunos es un error garrafal por inexperiencia, para muchos observadores encubre un plan más oscuro: la voracidad de Terra Ignis por quedarse con toda la disponibilidad de las áreas, lo que le asegura un “negocio” a medida.

Lo cierto es que la salida de Roch no es un hecho aislado. Es la consecuencia directa de una gestión de Melella que confundió la autoridad con la soberbia y el diálogo con la debilidad. La Resolución del Ministerio de Energía N° 43/26, que rechazó la reversión parcial de áreas y amenazó con la caducidad, fue la estocada final. El argumento oficial de “incumplimientos sustanciales” y “caída de la actividad” suena a excusa barata cuando se sabe que la empresa manifestó en reiteradas ocasiones su voluntad de negociar un plan de prórroga y reactivación.

Pero el gobierno de Melella, a través de una ministra que llegó de la obra pública sin saber diferenciar un reservorio de un bache, prefirió la confrontación. Castillo declaró que “Roch no está en diálogo” con el Gobernador, mientras el propio Ricardo Chacra desmentía esa versión y aseguraba mantener contacto permanente con las más altas esferas del poder provincial. Esa contradicción no es menor: cuando un funcionario miente sobre la existencia de diálogo, lo que genera es desconfianza. Y en el petróleo, la desconfianza mata inversiones.

Con más de dos décadas de presencia en la isla, Roch no pidió la prórroga dentro de los plazos, es cierto. Pero la pregunta incómoda que nadie quiere responder es ¿quién empujó a la empresa a tomar esa decisión? La respuesta es obvia y habría que hurgar los últimos movimientos de Terra Ignis con su socio Velintec.

La empresa provincial, que ya engulló los activos de YPF en la isla, mira de reojo los bloques que Roch deja vacantes. Pero no está sola. El desembarco de Velintec S.A. y la creciente presencia de capitales chinos encienden todas las alarmas. Los chinos ya tienen la usina de Ushuaia, y según fuentes del sector, pronto desembarcarán en Río Grande con el objetivo claro de quedarse con toda la operación hidrocarburífera en tierra.

No se trata de inversión genuina; se trata de negocios turbios, cocinados al amparo de la desesperación energética y la falta de transparencia. Mientras el gobierno se llena la boca hablando de “autonomía energética”, lo que realmente está haciendo es facilitar el camino para que un puñado de actores —con intereses opacos— se repartan el botín que Roch se ve obligada a abandonar.

El escenario que se abre es devastador. La producción de petróleo en Tierra del Fuego ya cayó más del 90% en dos décadas. Con la salida de Roch, se profundiza la crisis. Más de 300 puestos de trabajo directos penden de un hilo, y los pasivos ambientales de los yacimientos —pozos sin sellar, contaminación acumulada— quedan en el limbo, sin un responsable claro.

Mientras tanto, el gobierno de Melella parece más preocupado por justificar la inexperiencia de su ministra que por salvar la industria. La pregunta que surge es inevitable: ¿acaso Melella está dispuesto a sacrificar el empleo y la producción fueguina para favorecer los intereses de Terra Ignis y sus socios extranjeros? No hay respuestas, ni los legisladores fueguinos ya sean oficialistas u oposición saben lo que está ocurriendo con la explotación de hidrocarburos. Su preocupación pasa por ver cómo se acomodan en las próximas elecciones, allí donde las promesas cobran fuerzas y la realidad se desdibuja.