El conflicto en el sector hidrocarburífero fueguino alcanzó un punto de ebullición. Con un paro total que se mantiene por tiempo indeterminado, el sindicato de Petroleros Privados endureció su postura ante lo que considera una conjunción letal: empresas contratistas sin capacidad financiera, un Gobierno provincial señalado por designaciones discrecionales y un clima de hostilidad política que ya amenaza el suministro de gas en toda la provincia.

El reclamo central sigue siendo la absorción de 260 trabajadores que debían ser integrados por Velitec y Terra Ignis. Sin embargo, la realidad indica que apenas 43 operarios ingresaron, lo que deja a 217 familias en vilo. A eso se suman los salarios de mayo impagos y la falta del medio aguinaldo, una combinación que el gremio califica como “insostenible”.

El secretario general del sindicato, Luis Sosa, fue claro: “La falta de espalda económica de las contratistas y la improvisación en los yacimientos no solo violan derechos laborales, sino que ponen en riesgo la operatividad del sector”. Pero sus declaraciones más explosivas estuvieron dirigidas a la ministra de Energía, Gabriela Castillo, a quien apuntó sin filtros durante una entrevista radial.

“La Ministra, la gordita, nos quiso echar la culpa de un derrame de petróleo que ocurrió hace dos semanas por falta de personal, y eso es grave”, disparó Sosa, y acusó a la funcionaria de actuar mal asesorada. Según el dirigente, el derrame fue responsabilidad exclusiva de la empresa Velitec por negligencia en el mantenimiento y gestión de sus operaciones, y advirtió que no tolerará que se criminalice a los trabajadores.

Más allá del cruce personal, el gremio apuntó a un problema de fondo: la presunta intervención del Gobierno provincial en la elección de empresas contratistas a través de “dedazos” políticos, dejando de lado los criterios técnicos. “Esa gestión ineficiente es la que hoy pone en jaque el gas de todos los fueguinos”, sostuvo Sosa.

Con la patronal ausente y el Estado provincial enfrascado en desviar la atención, los yacimientos viven días de máxima incertidumbre. Los trabajadores permanecen en estado de asamblea permanente, mientras el riesgo de desabastecimiento de gas crece ante la falta de personal operativo y el mantenimiento paralizado.

Lo que comenzó como un reclamo laboral se transformó en un terremoto institucional que expone las grietas de la industria petrolera fueguina. Sin una intervención urgente que aborde tanto los incumplimientos empresariales como las acusaciones cruzadas, el panorama no muestra atisbos de solución inmediata.