Después de una secuencia de hechos que despertaron profundas sospechas en el ámbito político y judicial, el gobernador Gustavo Melella presentó una acción de inconstitucionalidad contra la Ley 1626, con la que la Legislatura dejó sin efecto la convocatoria a la reforma de la Constitución Provincial. La demanda, que ya tiene el visto bueno del Superior Tribunal de Justicia (STJ), busca restablecer la vigencia de la Ley que dió luz verde a la reforma. De prosperar la presentación judicial, habilitaría el camino para que Melella sea candidato en las próximas elecciones, pese al fuerte rechazo social en medio de una crisis socioeconómica que azota a la provincia.

La presentación oficial, bajo el expediente 4862/2026, caratulado "Poder Ejecutivo de la Provincia de Tierra del Fuego c/ Legislatura de la Provincia de Tierra del Fuego s/ Acción de Inconstitucionalidad – Conflicto de Poderes", ya cuenta con una primera resolución del STJ, que dejó la causa en condiciones de resolver sobre la medida cautelar solicitada por el Ejecutivo. Fuentes judiciales confirmaron que el tribunal deberá definir si la derogación de la Ley 1529 se ajustó al orden constitucional o si, como sostiene el Gobierno, corresponde declarar la invalidez de la Ley 1626 y reabrir el debate sobre la continuidad del proceso de reforma .

Lo que enciende las alertas no es solo la maniobra legal, sino la secuencia de actos que la precedieron y que dibujan un escenario de sospechas sobre la independencia de los poderes, los que podríamos describirlo de la siguiente forma.

El primer acto:

Entra a tribunales el zar de los juegos, un conocido millonario amigo personal de Melella y mantiene una reunión privada con integrantes del Superior Tribunal de Justicia la cual es extremadamente reservada.

Segundo acto:

Un gobierno fundido con un déficit record, le adelanta a la Justicia 3 mil millones de pesos para que compre un edificio al doble del precio de mercado.

Tercer acto:

El gobierno, que adelanto fondos público que no tiene y es amigo del empresario (zar del juego) presenta una acción judicial que de prosperar le permite a Melella ser candidato en las próximas elecciones.

 ¿Cómo se llama la obra? : “Todo tiene un precio”.

La disputa en manos de los jueces.

El conflicto institucional se enmarca en una disputa legal que tiene larga data. La Ley 1529, sancionada en diciembre de 2023, declaraba la necesidad de la reforma parcial de la Constitución y otorgaba un plazo de 210 días al Ejecutivo para convocar a elecciones de convencionales constituyentes. Sin embargo, el proceso fue frenado por la propia Legislatura en mayo de 2026, que derogó la norma argumentando que fue tratada "sobre tablas, sin dictamen de comisión, sin análisis previo suficiente y sin un debate amplio". Los legisladores también cuestionaron el elevado costo institucional y presupuestario de avanzar con una Convención Constituyente en un contexto de recesión, inflación y pérdida de ingresos.

Pero la pulseada no es nueva. El legislador Jorge Lechman ya había presentado un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuestionando la validez del proceso. En su recurso, Lechman denunció que el STJ, al rechazar su acción y otorgar un nuevo plazo de 210 días para la convocatoria, "convalidó un procedimiento irregular" y "sustituyó al órgano legislativo", violando el principio de división de poderes. El legislador advirtió que el fallo del Superior Tribunal sentaba un precedente peligroso al habilitar a los jueces a "garantizar la continuidad de los procesos políticos aun por encima de los límites normativos fijados por el legislador".

Con la nueva presentación de Melella, el STJ deberá resolver la medida cautelar y, posteriormente, el fondo de la cuestión, en un escenario donde la comunidad observa con desconfianza la cadena de eventos envueltos bajo la sombra de la sospecha.