Alguien debería decirles a los funcionarios de Gustavo Melella que el dinero que manejan no le es propio, es dinero que aportan los contribuyentes, reclamando a cambio transparencia y austeridad. Nada de esto sucede.

La contratación directa por adjudicación simple, vulnera todo los controles, direcciona el gasto y no siempre resulta lo más económico, todo lo contrario suele ser el más costoso.

Esto sucedió con las nuevas oficinas de la AREF. El solo pensar, el por qué no se llamó a licitación como corresponde o a un concurso de precios da lugar a muchas suspicacias. ¿Buscó Melella favorecer a algún amigo? ¿Hubo un ofrecimiento de un retorno del dinero comprometido a cabio de un trámite exprés y direccionado? ¿Cuál podría ser el motivo del porque un organismo como la AREF que justamente se encarga de cobrarle los impuestos a los fueguinos, decida ir por un camino sembrado de deudas para obtener sus nuevas oficinas? ¿No sabía el titular de la ARE que su viejo contrato vencía y debía cambiar de oficina?

Difícilmente la denuncia radicada en la Fiscalía de Estado prospere, allí se acumula por docenas denuncias de este tipo y no se hace nada. Quien debería actuar sin que lo llamen es el Tribunal de Cuentas otro organismo que parece estar dibujado en el organigrama de contralor que tiene el Estado fueguino.

Por lo pronto Una nueva polémica sacude a la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF), organismo conducido por el contador Oscar Bahamonde, luego de que fuera presentada una denuncia ante la Fiscalía de Estado cuestionando la legalidad de una contratación directa destinada al alquiler de un inmueble en la ciudad de Ushuaia.

La presentación solicita la revisión integral de la Resolución General AREF N.º 316/26, mediante la cual se adjudicó la locación de un edificio ubicado en calle Ramón Barrios N.º 469 por un monto total de $264 millones.

De acuerdo con la documentación publicada en el Boletín Oficial N.º 6107 del pasado 18 de junio, la operación fue tramitada mediante la Contratación Directa por Adjudicación Simple N.º 10/26, bajo el expediente AREF-E-308-26.

Según consta en la resolución, el inmueble pertenece a Marcelo Martín Fernández, Franco Brigando y María Belén Esteban, y será destinado al funcionamiento de dependencias del organismo recaudador provincial.

Los denunciantes sostienen que la AREF habría omitido la intervención preventiva del Tribunal de Cuentas de la Provincia, un mecanismo de control contemplado en el artículo 166 inciso 2 de la Constitución fueguina, que establece entre las atribuciones del organismo la de intervenir preventivamente en los actos administrativos que dispongan gastos públicos. Según la presentación, de la lectura de la resolución publicada no surge que el expediente haya sido remitido al Tribunal de Cuentas para su revisión previa antes de concretar la adjudicación.

A criterio de quienes impulsan la denuncia, esta situación podría constituir una vulneración de los mecanismos constitucionales de control del gasto público.

Los pedidos realizados a la Fiscalía de Estado. La presentación solicita una serie de medidas que incluyen:

Requerir el expediente completo AREF-E-308-26.

Verificar la existencia de tasaciones oficiales que justifiquen el valor acordado para la locación.

Analizar la legalidad del procedimiento administrativo utilizado

Evaluar una eventual declaración de nulidad de la resolución cuestionada.

Determinar si corresponde promover acciones administrativas, patrimoniales o judiciales en caso de detectarse irregularidades.

Asimismo, se plantea que, de comprobarse incumplimientos normativos, podrían analizarse eventuales responsabilidades funcionales de los funcionarios intervinientes.

Un debate sobre los controles del gasto público

La presentación abre además una discusión institucional sobre los alcances de la autarquía financiera de determinados organismos provinciales y el rol de los órganos de control en contrataciones de elevado impacto económico.

Mientras algunos sectores sostienen que la autonomía administrativa no exime del cumplimiento de los controles constitucionales, otros entienden que será la propia investigación administrativa la que deberá determinar si el procedimiento se ajustó o no a derecho.

El caso vuelve a poner el foco sobre la transparencia en el manejo de los recursos estatales y la importancia de los mecanismos de control previo previstos por la Constitución Provincial. La resolución de la denuncia permitirá establecer si se trató de un procedimiento ajustado a derecho o si existieron irregularidades que ameriten la intervención de los organismos de control y eventualmente de la Justicia.