La actividad petrolera en la isla se desmorona, pero quienes son los principales responsables políticos de manejar esta situación decidieron, en el peor momento del conflicto, viajar a Canadá y EE.UU. con el objetivo de participar en la feria Global Energy Show para promocionar el "Modelo Fueguino" y atraer inversiones internacionales, tras la toma de control de las áreas hidrocarburíferas cedidas por YPF.

Allí no se mencionó ni una sola palabra sobre la ola de despidos, la caída de la producción, la falta de inversión ni, mucho menos, que Terra Ignis pertenece a un gobierno que mantiene un déficit crónico que pone en jaque la economía de toda la provincia.

La sola acta firmada recientemente en el Ministerio de Trabajo deja al descubierto lo que el gobierno de Melella intenta ocultar: los despidos masivos en las áreas petroleras.
En dicha acta acuerdo entre Velitec y el gremio petrolero, la empresa cordobesa se comprometió a incorporar unos 260 trabajadores, de los 500 prometidos por Melella, Castillo y D’Alessio.

Lo que debía ser una instancia de encuadramiento convencional y resolución de traspasos se transformó en una crisis de transparencia, ante la incomparecencia injustificada de YPF S.A., operadora principal y responsable última de la cadena de contratos.
Según el portal especializado "Boca de Pozo", la gravedad del desplante y la opacidad sobre los vínculos comerciales obligaron a la autoridad laboral a tomar una medida administrativa excepcional: convocar a una nueva audiencia para evitar una parálisis total en los yacimientos.

Este conflicto ha dejado de ser un trámite de rutina para convertirse en un pulso por la seguridad jurídica. La falta de información fidedigna sobre los contratos de servicio no solo erosiona la confianza entre las partes, sino que amenaza la paz social en un sector donde el flujo de fondos y la continuidad operativa dependen de una arquitectura contractual que hoy nadie parece querer mostrar.

Es imperativo subrayar el "efecto dominó" que genera la ausencia de YPF en la discusión, al ser la operadora principal y concesionaria que debería garantizar la cobertura "back-to-back" de los contratos de sus subcontratistas (Velitec y Almar). Sin su presencia, las empresas de servicios carecen del respaldo contractual para garantizar la estabilidad de los trabajadores, convirtiendo la mesa de negociación en un ejercicio de futilidad administrativa.

Por su parte, el representante legal de las firmas de servicio, Francisco Giménez, sostuvo: "Es una locura que les exijan a los trabajadores renunciar a sus empresas de origen para mantener el empleo y perder indemnizaciones y antigüedad. Es extorsivo de parte de Velitec; esta maniobra ilegal tiene la cobertura del gobierno y de Terra Ignis".

El laberinto de los contratos y la reticencia de Velitec
La médula del conflicto radica en la opacidad de los acuerdos comerciales que vinculan a la estatal Terra Ignis con la operadora YPF y las prestadoras de servicios. El sindicato ha denunciado un blindaje informativo que impide conocer las responsabilidades reales en la operatoria.
La postura de Velitec S.A. añade una capa de complejidad legal. El apoderado de la firma manifestó que, en su mayoría, no participaron en la firma de los contratos solicitados y, en un movimiento defensivo, alegó desconocer si existen "cláusulas de confidencialidad que permitan el acceso a personas extrañas de quienes celebraron" dichos acuerdos. Esta estrategia de desconocimiento técnico profundiza la crisis, ya que posterga la clarificación del rol que cada empresa debe cumplir en el traspaso de los operarios.

Una promesa más de un gobierno que miente
El centro de gravedad de esta disputa es el destino de 260 trabajadores —de los 500 prometidos por la ministra de Energía, Gabriela Castillo, y el gobernador Gustavo Melella— que, según el compromiso asumido por Velitec S.A., debían ser incorporados tras el cese de los contratos. No obstante, este compromiso está atado a la "renuncia de los trabajadores a sus respectivas empresas para ser incorporados a Velitec con nuevas condiciones laborales más flexibles que las anteriores, sin recibir indemnizaciones y con pérdida de antigüedad en sus empresas originales".

Desde una perspectiva analítica, la elección de esa fecha de corte resulta inquietante. ¿Qué sucedió con la dotación de personal entre mayo y junio? ¿Por qué se congelan los anexos en esa fecha específica? Esta ventana de tiempo genera una zona de vulnerabilidad para el personal, ya que, sin contratos claros y actualizados que definan el "encuadramiento convencional", el traspaso de estas 260 familias queda sujeto a la voluntad discrecional de las operadoras, en lugar de estar protegido por un marco jurídico sólido.

Convocatoria masiva y perentoria
Ante la inminencia de un conflicto de mayor escala y detectando una "misma situación" de precariedad en otras contratistas del sector, el Ministerio de Trabajo ha decidido que no hay más espacio para dilaciones, fijando una audiencia con carácter de urgente para encaminar la situación.
Esta citación masiva busca desactivar un posible colapso sistémico de la cadena de servicios petroleros en la provincia. El Ministerio pretende forzar a las empresas a que salgan de la zona de "cláusulas reservadas" y den respuestas concretas ante la crisis de representatividad y empleo.

La tensión en Tierra del Fuego ha llegado a un punto de no retorno. La combinación de la ausencia de la operadora principal (YPF), el misterio de los contratos comerciales y la incertidumbre de 260 operarios configura un escenario de alta volatilidad.