Un magistrado de la Corte Fueguina gana 25 millones de pesos al mes; a eso hay que agregarle gastos de representación, viáticos y otros menesteres. "Son otros 7 millones promedio", le dijo un exmagistrado a este medio. La respuesta de la Corte vino de la mano de la Dra. María del Carmen Battaini quien justificó su millonaria dieta apoyándose en la "trayectoria y responsabilidad", dos conceptos que están en permanente escrutinio social.

Un médico cirujano con 10 años de antigüedad en el hospital gana 8 millones; un docente promedio, 2 millones; un enfermero a tiempo completo también en el hospital público, 2,8 millones; un policía (oficial) con 14 años de antigüedad en la fuerza, 5,5 millones. Y así podemos recorrer el espinel social de trabajadores que, en muchos de los casos, tienen la responsabilidad de velar por nuestras vidas y nuestra seguridad. Sin embargo, la respuesta de Battaini no repara en esta realidad.

Esta desigualdad extrema tiene su origen en una maniobra legal que vulnera el espíritu de la Constitución Provincial. La Carta Magna estableció claramente que ningún funcionario de los tres poderes del Estado podía percibir un salario superior al del gobernador. Sin embargo, la Justicia encontró la grieta por la que filtrarse, se autopercibieron no como "funcionarios", sino como "magistrados", y con esa distinción semántica lograron esquivar el límite constitucional.

Al quedar fuera de esa restricción, sus dietas pasaron a ser fijadas por ellos mismos, sin control externo alguno. He allí la clave de esta brecha escandalosa.

Hay otro dato que confronta las explicaciones de la jueza a la hora de justificar su salario de 25 millones por mes, es decir, $325 millones al año incluido el aguinaldo. Se trata de una encuesta de opinión dada a conocer por Marketing y Tendencia en el año 2024. Allí aparece la Justicia fueguina con la "credibilidad social" por el piso, comparada con la "casta política" y los dirigentes gremiales.

Es decir, esa "responsabilidad" que invoca Battaini para defender a la corporación judicial, no ha podido torcer la pésima opinión que la ciudadanía tiene sobre el trabajo que hacen. El 58 % piensa que no hay Justicia la ubica entre mala o mediocre; un 24 % dice estar disconforme a medias con Justicia fueguina y solo un 9 % dijo estar conforme. El resto no respondió el cuestionario. Cuando se le preguntó si percibe corrupción en la Justicia, el 63 % dijo que sí, y sobre todo cuando tienen que juzgar a los políticos. Esa es la percepción que el fueguino tiene sobre la "responsabilidad" de los jueces en su vecindario.

Esa es la realidad que atraviesa el fueguino de a pie. Una realidad que contrasta con la idea que los jueces tienen de su propia "responsabilidad". Y es evidente que, para los miembros del Superior Tribunal, esos trabajadores no reúnen ni la trayectoria ni las responsabilidades suficientes como para igualar su estatus.

Porque en el fondo, este no es un debate sobre trayectoria. Es un debate sobre casta. Una casta que, por simple decoro, debería bajar el volumen de sus defensas y elevar el de su autocrítica. Aunque quizás sea demasiado pedirle a quien se sienta por encima del bien y del mal.