En una jornada de reflexión sobre la concientización social respecto de la Violencia de Género, la Justicia con un rol primordial en combatir este flagelo, mantiene una deuda con la sociedad respecto de uno de sus integrantes aún con una capa protectora que solo puede brindar una posición de Poder, a casi 4 años de una grave denuncia.

En agosto del 2022 Carla Kirsten denunció públicamente un calvario y visibles lesiones en relación a un caso de Violencia de Género que compromete a un alto funcionario judicial del propio Superior Tribunal de Justicia.

La denuncia fue un cimbronazo judicial dado que involucraba al relator Marcelo Guzmán, quien se desempeñaba junto al juez Ernesto Loffler en la Corte, y en los días posteriores a la denuncia solo se emitió un tibio comunicado.

Más allá de las expresiones la expectativa social estaba centrada en ver la respuesta punitiva del Poder Judicial puertas adentro, y la misma pareció más centrada en un control de daños que en buscar Justicia para la víctima.

Guzmán fue apartado de sus funciones dado lo insostenible de su situación, pero nunca fue detenido a pesar de que la víctima denunciaba su temor y riesgos procesales que en cualquier otro caso hubieran valido la detención del imputado.

La mujer dio cuenta en sus redes sociales de los maltratos a los que sería sometida y de la desprotección y temor, en relación a la posición de poder de este magistrado. Lo cual quedó evidente por la propia acción –u omisión- del Poder Judicial.

A los pocos días hubo una marcha reclamando celeridad en la causa, en la que algunos sectores feministas no participaron por el vínculo político que los unía por ese entonces al juez Loffler. La Justicia que había previsto la indagatoria a Guzman para el mes siguiente no encontró otra opción que adelantarla y en menos de 48 horas Guzmán fue procesado por “lesiones graves agravadas” por parte del ya jubilado juez De Gamas Soler.

La causa prosiguió con dilaciones importantes. Como suele suceder en estos casos las partes intentaron un acuerdo judicial entre abogados, pero ello requería del acuerdo de la Fiscalía de Género.

Lo que hubiera sido una simple oposición a un acuerdo imposible de contemplar por la posición de poder de una de las partes y el de vulnerabilidad de la denunciante, se tradujo en una demora de 7 meses en pronunciarse por parte de la fiscal María Paula Schapochnik, quien finalmente en 2025 expresó “el acuerdo que se acompaña no resulta viable, ni favorable a los intereses de la víctima”.

Con esta fiscal la causa está programada en el Tribunal de Juicio de Ushuaia para el proceso oral recién para el mes de septiembre próximo, a 4 años y 1 mes de la grave denuncia y el imputado sin pasar un solo día en una celda, situación extraordinaria en un caso de esta envergadura.