El secretario General de ATE Carlos Córdoba fue alojado en el pabellón 2 de la alcaidía central del Servicio Penitenciario de Ushuaia, mientras que su consorte de causa, Miguel Arana fue llevado al pabellón 3, dando inicio a la purga de la condena por estafas reiteradas de 5 años de cárcel.

Trascendieron las primeras imágenes del inicio de la condena a cumplir por parte del mandamás de ATE Ushuaia luego de ser condenado por defraudación a 22 particulares a los que vendieron  lugares en el listado de beneficiarios para acceder a viviendas IPV del barrio 182 Viviendas de Barrancas del río Pipo en el 2018.

Tras la conmoción que generó la condena y detención tras el veredicto del Tribunal de Juicio y pese a la abrumadora prueba en contra de estas maniobras de estafa; la Comisión Directiva de ATE expresó su “acompañamiento, solidaridad y respaldo al compañero Carlos Córdoba ante la sentencia dictada”.

Incluso señalaron “manifestamos nuestro desacuerdo con una decisión que consideramos injusta y que no refleja integralmente la realidad de los hechos debatidos durante el proceso”, pese al desfile de víctimas y particulares defraudados en sus bienes y que incluso no eran agremiados a ATE como exigía el plan de viviendas.

“Carlos Córdoba ha dedicado gran parte de su vida a la defensa de los trabajadores y trabajadoras fueguinas, sosteniendo históricamente la lucha por derechos laborales, salariales, sociales y habitacionales de miles de familias de nuestra provincia. Esa trayectoria, construida durante décadas de compromiso sindical, no puede ser desconocida ni reducida a una sentencia que aún no se encuentra firme y que será revisada por las instancias judiciales correspondientes”, señala el increíble comunicado.

“Confiamos plenamente en el derecho constitucional de defensa y en las garantías que amparan a toda persona sometida a proceso judicial. Por ello, acompañaremos todas las acciones y recursos legales que resulten necesarios para revertir esta decisión y demostrar la inocencia que el compañero ha sostenido desde el primer día”, señalan en desconocimiento de una medida judicial que ya ha superado tres instancias de revisión.

Finalmente señalan, “responsabilizamos al Gobierno Provincial por cualquier situación que pudiera afectar la integridad física, moral o institucional de nuestro Secretario General”, concluyen.