Con amplios poderes, la comisión, estará integrada por los legisladores Federico Sciurano (FORJA), Pablo Villegas (MPF), Juan Carlos Pino (PJ), Laura Colazo (PV), Matías Lapadula (PG), Gisela Dos Santos (ST), Natalia Gracianía (LLA) y Raúl Von der Thusen (SF). Contarán con un plazo inicial de 90 días hábiles para desarrollar su trabajo, aunque este podría ser prorrogado, fuentes legislatvas sostuvieron que una seria investigación llevaría a Melella al juicio político sin lugar a dudas.

Su objetivo central será determinar las responsabilidades políticas, administrativas y técnicas de los funcionarios que intervinieron en las autorizaciones otorgadas durante 2023. Para ello, la comisión dispondrá de amplias facultades para reunir pruebas, acceder a documentación oficial, citar e interrogar a funcionarios, convocar testigos y requerir pericias técnicas-

En un gesto que subraya la sensibilidad soberana del caso, se sumarán a las investigaciones, "en calidad de asesores ad honorem, con voz y sin voto", representantes de los Centros de Veteranos de Guerra de Malvinas de la provincia.

Del monitoreo de "chatarra" al espionaje militar

La polémica en torno a LeoLabs se ha intensificado en los últimos meses luego de que la propia empresa, a través de su sitio web y contratos oficiales, confirmara lo que para muchos era una sospecha fundada: sus radares tienen un claro uso militar. Esta revelación pulveriza el discurso sostenido inicialmente por el gobernador Gustavo Melella y otros funcionarios, quienes insistían en que se trataba de una herramienta civil para el seguimiento de "basura espacial" o "chatarra espacial"

Un informe de la revista especializada SpaceNews reveló que LeoLabs firmó un contrato millonario con el gobierno de Estados Unidos para proveer datos de vigilancia espacial. Dicho servicio se integrará a la plataforma TraCSS y, de manera explícita, a la Célula de Operaciones Comerciales Conjuntas de la Fuerza Espacial de EE. UU., con el objetivo de "evaluar amenazas" y "monitorear naves espaciales adversarias" .Es decir, inteligencia militar activa.

La gravedad del caso se multiplica al analizar la estructura de LeoLabs Argentina SRL, compuesta por un 95% de capitales con sede en Dublín y un 5% con sede en Londres, y su alianza con el Ministerio de Defensa del Reino Unido para el Proyecto Tyche, destinado al desarrollo de satélites de inteligencia y reconocimiento

Cabe recordar que esta investigación legislativa no es un hecho aislado. En agosto de 2023, el Ministerio de Defensa de la Nación, entonces a cargo de Jorge Taiana, ya había emitido un informe categórico advirtiendo sobre el "riesgo para la Seguridad Nacional" que implicaba permitir a una potencia ocupante de territorio argentino monitorear actividad satelital, marítima y terrestre-

Más recientemente, en abril de 2026, la Justicia de Tierra del Fuego ordenó la nulidad de la inscripción societaria de LeoLabs en la provincia. El juez Gustavo González sostuvo que la empresa generó una "manifiesta afectación al interés público" y que su operación "compromete negativamente la política de defensa nacional y la seguridad, configurando un escenario de evidente vulnerabilidad"

La conformación de esta Comisión Especial Investigadora marca un punto de inflexión en el tratamiento político del caso LeoLabs. La evidencia recopilada por publicaciones como Palsur y otros medios especializados, sumada a los fallos judiciales y a las propias declaraciones de la empresa, han dejado en una posición incómoda al gobierno provincial. Ahora, la comisión legislativa tiene la tarea de esclarecer las responsabilidades políticas detrás de una decisión que, según sus críticos, comprometió la soberanía nacional al permitir la instalación de una base de inteligencia extranjera en el corazón de Tierra del Fuego, a pocos kilómetros de las Islas Malvinas.

melella y el radar ingles

Polémica por el radar británico. ¿Juicio político, en puerta?

Legislatura: conforman comisión para investigar el radar ingles

La Legislatura de Tierra del Fuego definió la conformación de la Comisión Especial Investigadora que tendrá la misión de analizar las actuaciones administrativas y políticas que permitieron la instalación de la empresa de capitales británicos LeoLabs en cercanías de Tolhuin. Una investigación sería podría disparar el juicio político a Melella. La medida, que representa un nuevo capítulo en una controversia que ya lleva años, llega en un contexto donde diversas fuentes, incluida la propia empresa, han confirmado el perfil militar de los radares, contradiciendo los argumentos oficiales iniciales.

Con amplios poderes, la comisión, estará integrada por los legisladores Federico Sciurano (FORJA), Pablo Villegas (MPF), Juan Carlos Pino (PJ), Laura Colazo (PV), Matías Lapadula (PG), Gisela Dos Santos (ST), Natalia Gracianía (LLA) y Raúl Von der Thusen (SF). Contarán con un plazo inicial de 90 días hábiles para desarrollar su trabajo, aunque este podría ser prorrogado, fuentes legislatvas sostuvieron que una seria investigación llevaría a Melella al juicio político sin lugar a dudas.

Su objetivo central será determinar las responsabilidades políticas, administrativas y técnicas de los funcionarios que intervinieron en las autorizaciones otorgadas durante 2023. Para ello, la comisión dispondrá de amplias facultades para reunir pruebas, acceder a documentación oficial, citar e interrogar a funcionarios, convocar testigos y requerir pericias técnicas-

En un gesto que subraya la sensibilidad soberana del caso, se sumarán a las investigaciones, "en calidad de asesores ad honorem, con voz y sin voto", representantes de los Centros de Veteranos de Guerra de Malvinas de la provincia.

Del monitoreo de "chatarra" al espionaje militar

La polémica en torno a LeoLabs se ha intensificado en los últimos meses luego de que la propia empresa, a través de su sitio web y contratos oficiales, confirmara lo que para muchos era una sospecha fundada: sus radares tienen un claro uso militar. Esta revelación pulveriza el discurso sostenido inicialmente por el gobernador Gustavo Melella y otros funcionarios, quienes insistían en que se trataba de una herramienta civil para el seguimiento de "basura espacial" o "chatarra espacial"

Un informe de la revista especializada SpaceNews reveló que LeoLabs firmó un contrato millonario con el gobierno de Estados Unidos para proveer datos de vigilancia espacial. Dicho servicio se integrará a la plataforma TraCSS y, de manera explícita, a la Célula de Operaciones Comerciales Conjuntas de la Fuerza Espacial de EE. UU., con el objetivo de "evaluar amenazas" y "monitorear naves espaciales adversarias" .Es decir, inteligencia militar activa.

La gravedad del caso se multiplica al analizar la estructura de LeoLabs Argentina SRL, compuesta por un 95% de capitales con sede en Dublín y un 5% con sede en Londres, y su alianza con el Ministerio de Defensa del Reino Unido para el Proyecto Tyche, destinado al desarrollo de satélites de inteligencia y reconocimiento

Cabe recordar que esta investigación legislativa no es un hecho aislado. En agosto de 2023, el Ministerio de Defensa de la Nación, entonces a cargo de Jorge Taiana, ya había emitido un informe categórico advirtiendo sobre el "riesgo para la Seguridad Nacional" que implicaba permitir a una potencia ocupante de territorio argentino monitorear actividad satelital, marítima y terrestre-

Más recientemente, en abril de 2026, la Justicia de Tierra del Fuego ordenó la nulidad de la inscripción societaria de LeoLabs en la provincia. El juez Gustavo González sostuvo que la empresa generó una "manifiesta afectación al interés público" y que su operación "compromete negativamente la política de defensa nacional y la seguridad, configurando un escenario de evidente vulnerabilidad"

La conformación de esta Comisión Especial Investigadora marca un punto de inflexión en el tratamiento político del caso LeoLabs. La evidencia recopilada por publicaciones como Palsur y otros medios especializados, sumada a los fallos judiciales y a las propias declaraciones de la empresa, han dejado en una posición incómoda al gobierno provincial. Ahora, la comisión legislativa tiene la tarea de esclarecer las responsabilidades políticas detrás de una decisión que, según sus críticos, comprometió la soberanía nacional al permitir la instalación de una base de inteligencia extranjera en el corazón de Tierra del Fuego, a pocos kilómetros de las Islas Malvinas.