La condena final fue superior a la solicitada por el Fiscal de turno. De esta forma Carlos Córdoba, secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y Miguel Arana también integrante del gremio estatal deberán purgar 5 años de cárcel efectiva por una de las causas judiciales de mayor repercusión política y sindical de los últimos años en Tierra del Fuego. Tras la lectura del veredicto, el Tribunal dispuso además la inmediata detención de ambos condenados.

La investigación judicial estuvo centrada en presuntas maniobras fraudulentas vinculadas a la adjudicación y comercialización irregular de viviendas sociales impulsadas desde el gremio estatal.

Durante los alegatos, el fiscal Daniel Curtale había solicitado una pena de cuatro años de prisión para Córdoba y Arana al considerar acreditada su participación en 22 hechos relacionados con el emprendimiento habitacional.

Sin embargo, el Tribunal resolvió aplicar una condena superior al pedido formulado por la Fiscalía y consideró acreditada la responsabilidad penal de ambos imputados.

Según sostuvo la acusación durante el juicio oral y público, las maniobras investigadas habrían generado perjuicios económicos a distintas personas que buscaban acceder a una vivienda mediante el proyecto habitacional desarrollado en Barrancas del Río Pipo.

Antes de conocerse el veredicto, Córdoba utilizó sus últimas palabras ante los jueces para rechazar las acusaciones y defender su actuación.

“Agradezco que hoy pueda terminar el juicio, porque es un peso bastante importante en mi espalda. Creo que esto va a ayudar muchísimo para mi vida y para mi salud”, expresó el dirigente sindical.

Durante su exposición también sostuvo: “Jamás nosotros le hemos mentido, por lo menos yo y mi gente, le hemos mentido a la gente diciéndoles que vamos a recibir plata por esto o vamos a hacer plata por otro”.

Finalmente, concluyó: “Me declaro inocente y, por supuesto, confío mucho en todos ustedes”.

Las defensas de Córdoba y Arana habían solicitado la absolución de sus asistidos al sostener que no existían pruebas suficientes para acreditar los delitos investigados.

En el caso de Arana, la defensa incluso planteó que las conductas cuestionadas podían considerarse reprochables desde el punto de vista moral, aunque negó que constituyeran delitos penales.

Con la lectura de la sentencia y la detención inmediata de los condenados, el proceso judicial ingresará ahora en la etapa de fundamentos y eventuales apelaciones que puedan presentar las defensas ante instancias superiores.