El PAMI dio de baja a más de 1.500 prestadores tras detectar irregularidades y avanzó con denuncias penales por fraude y anomalías administrativas.

El PAMI eliminó más de 1.500 prestadores luego de auditorías que detectaron facturación irregular, prestaciones inexistentes y fallas en controles sanitarios. Además, presentó nuevas denuncias penales en Tucumán y Chaco por presuntas maniobras fraudulentas.

PAMI dio de baja a más de 1.500 prestadores tras detectar irregularidades y maniobras fraudulentas

El PAMI anunció la baja de más de 1.500 prestadores en distintas provincias luego de auditorías internas que detectaron irregularidades administrativas, facturación de prácticas inexistentes y presuntas maniobras fraudulentas. La medida fue comunicada por el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), conducido por Esteban Leguízamo, junto al Ministerio de Salud de la Nación.

Según detalló el organismo, las fiscalizaciones revelaron cobros indebidos, registros de prestaciones médicas sin respaldo documental y deficiencias en protocolos de higiene y seguridad en varios establecimientos. Desde el PAMI señalaron que el objetivo es garantizar “prestaciones seguras, atención de calidad y un sistema ordenado”.

Uno de los casos más relevantes se detectó en Tucumán, donde se auditó el policonsultorio Sanarte S.R.L., ubicado en San Miguel de Tucumán. Allí se identificaron irregularidades administrativas, ausencia de habilitación municipal vigente y legajos profesionales incompletos. También se detectaron demoras de hasta 21 días para obtener turnos en especialidades clave.

Los auditores observaron además sistemas de atención incompatibles con una práctica médica adecuada, como turnos asignados cada un minuto, historias clínicas sin firma ni sello y estudios registrados sin documentación respaldatoria, situaciones que podrían infringir la Ley de Derechos del Paciente.

PAMI: denuncias penales, controles reforzados y nuevas medidas para evitar estafas

En paralelo, el organismo presentó nuevas denuncias penales por irregularidades detectadas en la UGL XIII de Chaco. Allí se investigó a un prestador por incumplimientos contractuales, anomalías en las facturaciones y faltantes en documentación clínica. Tras considerar insuficientes los descargos, el PAMI resolvió rescindir el contrato y avanzar judicialmente.

Las investigaciones forman parte de un proceso de fiscalización más amplio impulsado desde la llegada de Esteban Leguízamo a la conducción del organismo. En los últimos meses también se denunciaron maniobras vinculadas al uso de órdenes médicas electrónicas falsas, facturaciones sin respaldo y utilización indebida de datos de afiliados.

Para reforzar los controles, el Instituto implementó auditorías continuas, turnero digital obligatorio, sistemas automáticos de penalización y nuevos umbrales de monitoreo.

Desde el PAMI aseguraron que las bajas de prestadores no afectarán la continuidad de los tratamientos y remarcaron que las medidas buscan proteger a los afiliados y ordenar el funcionamiento del sistema.