La magistrada fundamentó su decisión en que el gobierno provincial no cumplió con un requisito legal previo e indispensable. El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia, en una causa anterior (Caso "Lechman"), había establecido que se debía esperar la "firmeza" de ciertas condiciones jurídicas antes de convocar a la elección. El gobierno, según el fallo, convocó sin que esa firmeza existiera.

Consecuencias inmediatas del fallo

Nulidad en cadena: La jueza extendió la nulidad a "todos los actos dictados como consecuencia directa e inmediata" del decreto anulado. Esto afecta potencialmente a todo el cronograma electoral y los pasos administrativos que ya se habían dado.

Notificaciones clave: Ordenó notificar la decisión al Poder Ejecutivo Provincial, al Ministerio Público Fiscal y a todos los partidos políticos de la provincia.

Publicidad obligatoria: El fallo debe ser publicado en el Boletín Oficial de la Provincia para que tenga efectos públicos.

La noticia describe este fallo como "un nuevo capítulo en la creciente disputa política y judicial" en torno a la reforma constitucional impulsada por el gobernador Melella. Esta iniciativa había generado fuertes tensiones entre el Ejecutivo, la oposición y otros actores institucionales.

En pocas palabras, la Justicia electoral le puso un freno judicial al proceso de reforma constitucional promovido por el gobierno de Melella. La decisión no juzga el fondo de la reforma, sino que declara ilegal la convocatoria por un vicio de procedimiento: el Ejecutivo actuó antes de tiempo, sin esperar que la Justicia resolviera definitivamente los requisitos previos.