Un proyecto presentado en el Congreso propone derogar la actual ley de Etiquetado Frontal y reemplazarla por un sistema unificado con el Mercosur. El oficialismo sostiene que la normativa vigente genera confusión y mayores costos para la industria.

El Gobierno impulsa cambios en el Etiquetado Frontal y busca eliminar los octógonos negros

El Gobierno nacional presentó una iniciativa para reemplazar la actual Ley de Etiquetado Frontal, vigente desde 2021, y avanzar hacia un esquema alineado con los estándares del Mercosur. El proyecto propone derogar la normativa actual, que obliga a incluir octógonos negros en los envases de alimentos con exceso de azúcares, sodio, grasas o calorías.

La propuesta fue impulsada por los diputados Daiana Fernández Molero y Alejandro Bongiovanni, y forma parte del paquete de desregulación promovido por el Ministerio encabezado por Federico Sturzenegger.

Según argumentan los autores, el sistema actual no logró cumplir de manera efectiva con los objetivos de informar al consumidor y fomentar hábitos más saludables. Además, sostienen que el modelo argentino presenta problemas técnicos porque utiliza “umbrales móviles” para determinar las advertencias, lo que, afirman dificulta la reformulación de productos y genera confusión en las etiquetas.

El oficialismo también asegura que la eliminación del esquema actual permitiría reducir costos operativos y evitar que las empresas deban fabricar líneas diferenciadas para exportar a otros países de la región.

Qué cambios propone el nuevo modelo para reemplazar la ley de Etiquetado Frontal

Los impulsores del proyecto destacan que países como Brasil, Chile y Uruguay utilizan sistemas con umbrales fijos por cada 100 gramos de producto, un criterio que consideran más simple y transparente para los consumidores.

Además del posible fin de los octógonos negros, la derogación impactaría en otras restricciones establecidas por la ley vigente. Actualmente, los productos que contienen sellos no pueden utilizar personajes infantiles, promociones dirigidas a menores ni auspicios científicos, y tampoco pueden ofrecerse en escuelas.

La normativa también obliga a incluir advertencias específicas para productos con cafeína o edulcorantes, independientemente de la cantidad presente. Los críticos del sistema consideran que esto puede generar mensajes excesivos o poco claros en algunos envases.

Mientras el debate comienza a instalarse en el Congreso, el Gobierno defiende la armonización regional como una forma de simplificar regulaciones, favorecer exportaciones y reducir costos para productores y consumidores.