A través de sendos decretos, el mandatario provincial dejó sin efecto la norma que derogaba la Ley Provincial N° 1529 —vinculada al llamado a elecciones para reformar la Constitución— y también bloqueó la iniciativa que creaba un “Sistema de Transferencias de Liquidación Automática a los Municipios”, más conocido como la “Ley de Goteo” automático de coparticipación.

Ambos vetos fueron remitidos formalmente a la Legislatura este 15 de mayo, según consta en los documentos oficiales. Las leyes habían sido sancionadas durante la sesión ordinaria del pasado 30 de abril.

Recordemos que cuando Melella se desempeñaba como intendente de Río Grande, el actual mandatario fue uno de los principales impulsores de la denominada “Ley de Goteo”, reclamando enérgicamente que los fondos coparticipables llegaran de manera automática y sin discrecionalidad a los municipios.

En aquel entonces, Melella acusaba al gobierno provincial de turno de retener recursos y exigía una transferencia directa y automática para los distritos. Sin embargo, ahora, como gobernador, vetó el proyecto que establecía ese mismo mecanismo, argumentando que le quita control financiero a la Provincia, invade facultades del Poder Ejecutivo y podría afectar fondos destinados a servicios esenciales.

Además, el gobernador también vetó la derogación de la reforma constitucional, frenando así el intento legislativo de dar marcha atrás con el proceso constituyente. Melella sostuvo que el proceso ya está en marcha —incluso con la convocatoria a elecciones de convencionales constituyentes—, por lo que no se puede frenar con una ley posterior sin afectar la seguridad jurídica y los derechos políticos.

Dos vetos, un mismo destino

De esta manera, el Ejecutivo provincial bloqueó dos proyectos impulsados por la oposición, en una jugada que muchos interpretan como un cambio de postura radical. Mientras que en el pasado Melella reclamaba la “Ley de Goteo” y se mostraba crítico del hermetismo financiero del Estado provincial, hoy, desde el poder, decidió sostener el control de los recursos y también mantener viva su propia reforma constitucional, incluso contra la voluntad de la Legislatura.

La decisión reabre el debate político sobre la autonomía municipal, la coparticipación automática y los límites del poder de veto del gobernador en un año electoral clave para la reforma de la Carta Magna fueguina.