En diálogo con los medios, Giménez fue contundente al calificar la postura del máximo tribunal como "un disparate" en términos estrictamente jurídicos. Según su visión, el STJ excedió sus facultades al meterse en el fondo de la selección del candidato.

"Solo pueden controlar cuestiones formales, como la edad o los requisitos constitucionales. No pueden ser un jurado del jurado. Si se cumplen los requisitos, no tienen otra alternativa que designarlo", sostuvo el letrado.

El abogado interpretó la medida como un blindaje a la estructura interna del estamento judicial. "Lo hicieron para marcar la cancha, para abroquelarse como corporación. No quieren que se rompa la familia judicial: que el prosecretario ascienda a secretario, después juez y después camarista", disparó, utilizando el término "casta" para describir a los operadores judiciales.

La visión de Ríos: "Falta de fundamentos y diálogo"

Mientras Giménez apunta a la "corporación", otras voces del ámbito político y jurídico analizaron el trasfondo técnico de la disputa. La exgobernadora Fabiana Ríos, en declaraciones a la prensa, sostuvo que el conflicto expone una "debilidad estructural del sistema de selección judicial" .

Ríos defendió el derecho del STJ a pedir explicaciones antes de designar, señalando que "una cosa es proponer y otra es nombrar". En particular, destacó que la vacante es para el fuero de familia, un área que requiere especialización formal: "La especialidad no la da el haber litigado en el fuero, sino el haber estudiado en particular cuestiones vinculadas al derecho de familia" .

Sin embargo, coincidió con Giménez en que la respuesta del Consejo de la Magistratura fue deficiente: "El acta sólo figura la decisión de sostener y no explicar. Son dos instituciones que no están dialogando, sino que se están tirando con acordadas" .

El enojo de Giménez no es un hecho aislado. El letrado vinculó el accionar del STJ con la situación de la Justicia Electoral y el freno a la reforma constitucional impulsada por el gobernador Gustavo Melella.
Actualmente, la jueza electoral Mariel Zanini resolvió no publicar el cronograma para las elecciones de convencionales constituyentes previstas para el 9 de agosto, la magistrada argumentó "falta de seguridad jurídica" ante la decisión de la Legislatura de derogar la ley de reforma y el "limbo" institucional generado.
Mientras el Ejecutivo acusa a la jueza de generar "demoras sin fundamentos" y analiza vetar la derogación legislativa, desde sectores como el de Giménez se observa una suerte de "rebelión" de ciertos estamentos judiciales. "Hay un decreto del gobernador que fija la elección y todavía no hay cronograma. Esto también es un hecho gravísimo", concluyó el abogado, uniendo ambos frentes de conflicto.

Rechazo y tensión

En un nuevo capítulo de la fuerte disputa institucional que atraviesa al Poder Judicial de Tierra del Fuego, el Consejo de la Magistratura resolvió rechazar formalmente la acordada impulsada por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) que había frenado la asunción de una jueza designada, y exigió que se avance con la toma de juramento correspondiente.
La decisión quedó plasmada en el Acta Nº 646, firmada este 11 de mayo en la ciudad de Ushuaia, durante una reunión encabezada por la presidenta del cuerpo, la jueza Edith Miriam Cristiano, junto a representantes del Ejecutivo, la Legislatura y abogados integrantes del Consejo.
De esta manera, los consejeros enviaron un fuerte rechazo a la acordada 24 de los jueces Javier Muschnick, Gonzalo Sagastume y María del Carmen Bataini que intentó dar de baja a la Dra. María Elena Guerrero.