El oficialismo sufrió un durísimo revés en la madrugada del viernes, cuando la Legislatura provincial votó la derogación del decreto que convocaba a elecciones de convencionales constituyentes para el próximo 9 de agosto. Sin embargo, el gobernador Gustavo Melella respondió con inmediatez: anticipó que vetará la decisión legislativa y que, pase lo que pase, "la reforma la construimos juntos" en las urnas .

La sesión, que se extendió hasta entrada la madrugada y fue calificada como "un escándalo político mayúsculo" por la prensa nacional, evidenció la ruptura total del arco político fueguino. Mientras el gobierno intenta avanzar con la modificación de la Carta Magna y por ende buscar la re relección del mandatario, la oposición y sectores del propio PJ, le cerraron la puerta.

La votación para derogar la convocatoria (conocida como Ley Nº 1529) terminó con un resultado lapidario para los intereses de FORJA. Según el recuento de votos, 12 legisladores se pronunciaron a favor de la derogación, mientras que solo 3 acompañaron al gobernador.

Los 3 legisladores de FORJA, el partido creado por Melella. Entre ellos se encuentra Myriam Martínez, quien recientemente se distanció de la conducción del PJ para alinearse con el Gobernador.

Para Gustavo Melella, esta votación representa la peor derrota política desde que asumió el gobierno, y no solo por números, sino por quién se la propinó. Hasta diciembre pasado, FORJA y el PJ fueron aliados estratégicos. Sin embargo, la interna del peronismo fueguino estalló por el conflicto por la coparticipación y la demora en el envío de fondos a los municipios.

"La alianza está hecha trizas", resume un análisis político local. El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, utilizó su estructura legislativa para frenar al Gobernador, a quien acusan de buscar una "maniobra reeleccionista" disfrazada de reforma, algo que Melella niega rotundamente.

Lejos de bajar los brazos, el Gobernador calificó la decisión legislativa como un intento de "embarrar la cancha" y aseguró que no reconoce la derogación. "Hay una ley y un fallo del Superior Tribunal que garantizan la reforma. La Legislatura no puede frenar un proceso electoral", disparó Melella, confirmando que vetará la ley sancionada por sus propios pares para sostener la elección del 9 de agosto.

La decisión de Melella de insistir con el gasto electoral choca de frente con un contexto social explosivo y datos demoscópicos que muestran un rechazo histórico a la iniciativa.

Según dos relevantamientos difundidos en los últimos días por medios fueguinos, la gente no quiere hablar de una nueva Constitución en medio de la crisis económica:

Rechazo masivo: Una encuesta de Zuban Córdoba y Asociados indica que el 72,4% de los fueguinos cree que no es momento para discutir una reforma ni una reelección, principalmente por la crisis económica .

La elección soñada: Otro sondeo realizado por la consultora Neodelfos en marzo ya mostraba que el rechazo a la reforma alcanzaba el 77,8% de la población .

El gasto escandaloso: La principal crítica opositora (y de los medios locales) es el costo estimado en más de 8 mil millones de pesos para llevar a cabo la elección. "Mientras el sistema educativo está fundido y los patrulleros se caen a pedazos, el gobernador va a gastar miles de millones en una reforma para buscar una nueva reelección", cuestionaron desde La Libertad Avanza .

El intendente de Río Grande, Martín Pérez, fue contundente: "No es momento para que la política gaste una fortuna en elecciones. Lo único que va a generar es más antipolítica".