La resurrección judicial de la Ley 1529 no trajo certezas, sino que abrió una nueva caja de Pandora política. Mientras el Gobernador impulsa la reforma como un "debate de ideas", los intendentes, los gremios y hasta los propios aliados del oficialismo advierten sobre lo que significaría llevar adelante un proceso electoral en medio de la enorme crisis autoinfligida por la gestión de Melella. El reloj corre, el Ejecutivo debe decidir, mientras la provincia se encamina hacia un otoño de alta tensión institucional.

El sueño de refundar la Carta Magna provincial se ha transformado en una pesadilla logística y política. A pesar del fallo del Superior Tribunal de Justicia que validó la convocatoria, lo que parecía un acto formal se ha convertido en un campo minado para el gobernador Gustavo Melell y su equipo de ministros (los nuevos millonarios de la isla).

Lejos de aquel llamado idealista de agosto de 2025, donde el mandatario hablaba de "forjar un venturoso porvenir", el clima actual en las tres ciudades es de incertidumbre total. El Ejecutivo provincial enfrenta un dilema de difícil resolución. Si avanza con el cronograma electoral corre el riesgo de profundizar el descrédito de la política; si suspende el proceso, admite una derrota política interna que desnuda la fragilidad de su liderazgo.

El costo insostenible de un capricho

La principal crítica que atraviesa el espectro político es económica y social. En una provincia que, según reveló el intendente de Río Grande, Martín Pérez, arrastra un atraso de entre 11 mil y 12 mil millones de pesos en coparticipación, la idea de destinar millones a una elección de convencionales es vista como un acto de herejía fiscal.

“No es momento para hacer una reforma, no es momento para que la política gaste una fortuna en elecciones”, sentenció Pérez, un peronista que hasta ahora había mantenido dialogo con la Casa de Gobierno. Su advertencia es lapidaria “Lo único que va a hacer es que gane la antipolítica” .

Esta visión es compartida desde el arco opositor y social. Patricia Blanco, directora del sector pasivo de la Caja de Previsión, fue más allá al señalar que la dirigencia está desconectada de la realidad del ciudadano común. “La gente no está en esta movida, en esta movida está solo la clase política", disparó, agregando que “el jubilado se preocupa, porque al haber una apertura de querer modificar algún artículo, uno lo primero que piensa es qué querrán hacer con lo nuestro” .

El abogado Raúl Aciar resumió el sentimiento de frustración social con una frase que resuena en las radios fueguinas: “La gente está preocupada por el precio de los fideos. La política está preocupada por la reforma de la Constitución”  Para Aciar, el proceso no solo es inoportuno sino casi una provocación. “Hoy es un dislate, una pérdida de tiempo y de energía. Es casi una falta de respeto a la población”, afirmó .

El fantasma de la reelección

El pesimismo no solo proviene de la crisis económica, sino de las sospechas de fondo. El exsenador Pablo Blanco, quien en principio avala la necesidad de reformar la Carta Magna, fue contundente al criticar la forma. Según el dirigente radical, la Ley 1529 fue aprobada de forma “inconsulto, sin ningún tipo de discusión y sobre tablas”, Blanco no hablo de compras de votos, pero su irada se refiere a eso.

La gran sombra que planea sobre el proceso es la intención de modificar el artículo que prohíbe la reelección indefinida del gobernador. Aunque Melella ha evitado el tema, sectores de la oposición y hasta de su propio espacio ven con desconfianza la apertura del debate. Pablo Blanco advirtió sobre esta percepción social: “Si el objetivo de la reforma fuera habilitar nuevas reelecciones, el proceso nacería condicionado”.

La estrategia de Melella, desligándose del día a día y apelando a un debate filosófico “sin límites”, choca con una realidad política donde sus propios aliados le piden que frene la máquina. El legislador Federico Sciurano, al analizar el estado de situación, dejó entrever que muchos esperan que el proceso se caiga por su propio peso o que sea la "Liga de Intendentes" la que termine definiendo el futuro del peronismo fueguino .

La postura de los tres intendentes (Walter Vuoto, Martín Pérez y Daniel Harrington) es clave. Si bien se reunieron en Tolhuin para delinear estrategias, dejaron en claro que, para ellos, la actual legislatura “carece de legitimidad popular” para tratar este tema sin un aval previo en las urnas, aunque la judicialización del proceso los ha dejado sin herramientas para frenarlo.

El escenario que se vislumbra es sombrío: una campaña electoral atravesada por denuncias de gasto superfluo, una ciudadanía que amenaza con votar “enojada o no votar directamente”, y un Gobernador que insiste en hablar de futuro mientras los municipios se hunden en deudas.

La decisión que tome el Ejecutivo en los próximos días no definirá solo si hay elecciones; definirá si la clase política fueguina es capaz de leer la realidad o si prefiere seguir bailando al borde del abismo mientras la gente hace malabares para llegar a fin de mes.