A pesar de haber atravesado recurrentes crisis a lo largo de 88 años, SanCor no soportó dos años de gestión de Javier Milei y quebró. El juez decretó que siga adelante la producción mientras se intenta vender la firma.

El juez Marcelo Gelcich, a cargo del Juzgado en lo Civil y Comercial de la 4ta. Nominación de los Tribunales de Rafaela, decretó este miércoles la quiebra de la cooperativa láctea SanCor que enfrenta una deuda de 120 millones de dólares. La semana pasada la propia firma había solicitado la quiebra tras reconocer la imposibilidad de resolver la situación en el marco del concurso preventivo de acreedores que se había iniciado en 2025.

Tras 88 años de historia SanCor no soportó dos años de gestión libertaria e informó la semana pasada que no estaba en condiciones de afrontar su deuda ni de formular una propuesta de acuerdo con las pretensiones de sus acreedores.

En su fallo, el juez Gelcich explicó que ese reconocimiento de la firma implica directamente el fracaso del proceso preventivo y habilita la declaración de quiebra. En ese sentido señaló que la situación encuadra en una “quiebra indirecta por frustración anticipada y expresamente reconocida del trámite preventivo”.

Según consignó La Nación, a lo largo de su resolución, el juez describió un deterioro sostenido que se profundizó incluso durante el propio concurso. La empresa no solo no logró ordenar su situación, sino que siguió generando deuda en forma constante. Según el expediente, el pasivo postconcursal crecía a un ritmo cercano a 3 mil millones de pesos por mes, mientras que la actividad no generaba ingresos suficientes para cubrir los costos.

En ese marco remarcó que la situación no es transitoria. “La empresa no resulta económicamente viable en el mediano plazo, configurándose un cuadro de insolvencia no susceptible de reversión”, sentenció.

En rigor, al momento de la quiebra, la cooperativa acumulaba más de 12.788 millones de pesos en salarios adeudados, más de 6.349 millones de pesos de deuda impositiva y previsional, y más de 13.313 millones de pesos de deuda comercial, entre otros rubros. A eso se sumó el pasivo del concurso con deudas por más de 86 millones de dólares.

Pese a la quiebra, el juez dispuso que la empresa siga operando de manera transitoria. La continuidad se va a limitar a las plantas que hoy están en funcionamiento, sobre todo aquellas que trabajan bajo contratos de fasón u otros esquemas similares, siempre que no impliquen generar más deuda. El objetivo es sostener la actividad en lo posible mientras avanza el proceso judicial.

En su momento, la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra) había solicitado la quiebra con la continuidad de la explotación para mantener el trabajo de los empleados. Según el fallo judicial, mantener la operación tiene sentido por el impacto que tendría un corte total. Allí se señala que la interrupción “causaría un perjuicio a los 914 trabajadores en relación de dependencia, a los acreedores laborales con créditos prontopagables pendientes de cancelación, a proveedores y a los acreedores en general”.

En paralelo, el fallo planteó que la salida va a ser la venta de la empresa o de sus partes. Para eso se analizará la enajenación de las unidades productivas, ya sea juntas o por separado, mediante un proceso de licitación. “La venta de las unidades productivas que componen la empresa fallida, y sus restantes activos, por separado o en conjunto/s”, detalló.

Según fuentes al tanto del proceso, ya hay interesados en comprar activos de la empresa e invertir para poner en marcha las plantas. Señalaron que, si la Justicia avanza rápido, hay chances de reactivar las unidades productivas, algo que consideran clave en este momento.