“Cuando hay indicios de delito, tenemos la obligación de actuar”, dijo el Legislador insinuando que podría ser el quien presente una denuncia penal contra las autoridades portuarias ante de la intervención, aunque las propias autoridades confirmaron a este portal que se encuentra en estudio la demanda judicial o el acompañamiento de la misma.

Sea quien sea el que denuncie, la realidad es que hay un hecho concreto el Gobierno nacional envió hace más de cinco años, 200 millones de pesos para reparar la terminal de los catamaranes y nada se hizo.

La terminal no solo sigue en estado crítico, sino que no se encuentra la documentación que respalde el destino de los fondos. En el centro de la polémica aparece un convenio firmado en 2021 para la reparación y o construcción de la terminal de catamaranes, que incluyó un anticipo de 200 millones de pesos por parte del Estado nacional.  “El acuerdo se firmó, el dinero se giró, pero la terminal jamás se construyó”, sostuvo Lechman, quien además advirtió que Nación ya reclama más de 547 millones de pesos, incluyendo intereses.

El planteo no es menor. El legislador vinculó la situación a una gestión sin controles y deslizó posibles responsabilidades penales. “La malversación de fondos públicos es un delito y el incumplimiento de los deberes de funcionario también”, afirmó, dejando abierta la puerta a una escalada judicial.

En ese sentido, el caso expone no solo la falta de ejecución de una obra estratégica, sino también la ausencia de mecanismos de control sobre recursos públicos en un área clave para la provincia.

Lechman también cuestionó la falta de documentación en reuniones vinculadas al tema, lo que —según señaló— dificulta reconstruir decisiones y determinar responsabilidades. “Se dicen muchas cosas, pero no quedan asentadas. Así es imposible avanzar”, advirtió, marcando un problema estructural en la administración pública.

Las críticas también alcanzaron al titular del organismo, Roberto Murcia, a quien acusó de estar “desconectado de la realidad”. Además, recordó que durante años se anunciaron inversiones y obras que nunca se concretaron, lo que refuerza la sospecha de una gestión basada más en promesas que en resultados.

La intervención muestra resultados del Puerto de Ushuaia

Al tiempo que el Legislador Jorge Lechman ventila en público un hecho de corrupción dantesco que recaería sobre las autoridades salientes del puerto tras la intervención, el director de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), Iñaki Arreseygor, destacó los avances logrados tras la reorganización del organismo, que unificó la gestión marítima y portuaria a nivel nacional, y expuso resultados concretos en el puerto de Ushuaia.

Durante una disertación, el funcionario explicó que la creación de la ANPyN permitió “simplificar y concentrar la toma de decisiones”, dotando al área de mayores herramientas de gestión.

Arreseygor remarcó que los resultados tras la intervención dispuesta por el Gobierno nacional a comienzos de año, la terminal pasó de tener una planta de 200 personas a operar con 15 trabajadores, logrando en pocos días de la temporada de cruceros recaudar fondos suficientes para renovar infraestructura clave.

“En apenas 10 días se generaron recursos para cambiar todas las defensas del puerto, y ahora lo recaudado se destina directamente a obras”, aseguró.

El funcionario reconoció que la intervención no era el escenario ideal, pero sostuvo que el estado del puerto hacía necesaria una acción inmediata. Además, señaló que la experiencia despertó interés en otros operadores que atraviesan situaciones similares.