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Deuda del gobierno a los municipios

Vuoto movilizó al PJ, los gremios y empleados municipales

En una demostración de fuerza, el intendente Walter Vuoto llenó la avenida san Martín contra la gestión de Melella. Mayoritariamente los trabajadores municipales movilizados por los gremios coparon las calles con consignas contra el gobierno al tiempo que denunciaron una deuda de más de $12.000 millones.

Con el reclamo puesto en la calle, Walter Vuoto busco marcarle la cancha al gobierno de Melella por los reiterados atrasos en los envíos de los fondos coparticipables.

La protesta, reunió a distintos sectores vinculados a la administración local y tuvo como eje central la defensa de la autonomía municipal y el rechazo a lo que consideran una retención indebida de fondos coparticipables.

Desde el entorno del municipio señalaron que la situación no responde a un hecho aislado. “No se trata de un atraso circunstancial, sino de un problema estructural de la administración provincial”, advirtieron, y apuntaron directamente al manejo de las cuentas públicas como origen del conflicto.

Deuda acumulada y falta de previsibilidad

Según se expuso durante la jornada, la deuda que mantiene la Provincia con Ushuaia asciende actualmente a los $12.000 millones, una cifra que impacta de lleno en el funcionamiento cotidiano del municipio.

En ese marco, los manifestantes exigieron no solo la regularización inmediata de los fondos adeudados, sino también garantías de previsibilidad en los envíos futuros.

“Ni los vecinos ni los trabajadores pueden financiar el déficit y las malas gestiones del Gobierno provincial”, fue una de las consignas que se repitió a lo largo de la movilización.

Avanza un proyecto por goteo diario

En paralelo al reclamo en la calle, el Partido Justicialista anticipó que presentará en la Legislatura un proyecto de ley para establecer un sistema de “goteo diario”.

La iniciativa busca que los recursos que ingresan desde Nación a la Provincia sean transferidos automáticamente y en forma diaria a los municipios, evitando así discrecionalidad y demoras.

El planteo apunta a cambiar de fondo el esquema actual de distribución, en medio de un conflicto que ya dejó de ser administrativo para convertirse en un eje político y financiero de alta tensión en la provincia.

 


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