Hifusa es recordada por los fueguinos como una empresa Estatal fallida que le costó al erario público cientos de miles de dólares, sin producir nada de nada. Hifusa funciono varios años y solo sirvió para que esquema de manejo (directorio, gerentes, síndicos, etc,etc) cobrarán sueldos de “petroleras de primera línea” pero sin sacar una sola gota de petróleo, después se descubrieron varios hechos de corrupción, por la mala imagen de la empresa Melella decidió tirar a la basura Hifusa y crear su propia petrolera Terra Ignis

La nueva empresa Estatal persigue los mismos objetivos que Hifusa y para el colmo arranco de la misma forma, lleva tres años funcionando fue creada en junio del 2022 y ya gasto a cuenta cientos de millones de pesos en un directorio que no se le conoce trabajo alguno y que para el colmo quien se atrevió a husmear las cuentas y el destino de los fondos (que son públicos) se buscó sin éxito echarla de la empresa. Fu el mismísimo presidente de la empresa quien se  encargó de hacerle la vida imposible.

“Desde el primer día me negaron el acceso” dijo hace tiempo atrás la sindico, agregando “Presenté pedidos por escrito, incluso por cartas documento…. Nunca me respondieron, lejos de solucionar el problema, el presidente de Terra Ignis, Maximiliano D’Alessio me bloqueo mi trabajo” dijo la contadora encendiendo todas las alarmas.

Frente a la firme postura de la síndica, D´Alessio intentó sacársela de encima con una maniobra que contó con la venía de un directorio fantasma “La notificó de su presunta remoción por parte de la asamblea”. Carro fue contundente: “Esa decisión es inválida. Mi cargo depende de una resolución de la Legislatura, no de una asamblea interna”. Le dijo a todos los que querían escuchar.

Lo cierto es que al finalizar el mandato la contadora Ana Constanza Carro, volvió a poner en discusión el esquema de control institucional de la empresa estatal, en un contexto marcado por la reciente aprobación legislativa de un nuevo marco de gestión que implica la absorción de compromisos financieros vinculados a YPF.

En una nota elevada a la Legislatura provincial, Carro informó que durante los ejercicios 2024 y 2025 no fue posible ejercer el control societario en los términos establecidos por la normativa vigente, una situación que —según dejó asentado— se produjo en un marco de irregularidad institucional.

El planteo adquiere relevancia tras la última sesión legislativa, en la que el Parlamento aprobó el nuevo esquema mediante el cual Terra Ignis asume un déficit estimado en 80 millones de dólares anuales, una carga significativa para una provincia atravesada por un escenario social y económico delicado. La iniciativa no contó con respaldo unánime: Jorge Lechman, Pablo Villegas y Damián Löffler no acompañaron el proyecto, mientras que la mayoría del cuerpo legislativo votó a favor.

La coincidencia temporal entre la votación y la salida de la síndica instala un interrogante central sobre el funcionamiento institucional de la empresa: cómo se garantizará el control y la fiscalización de una sociedad que amplía sus responsabilidades financieras, cuando el propio órgano de control interno deja constancia de que no pudo ejercer sus funciones.

En su presentación, Carro señaló que estas dificultades ya habían sido informadas a la Legislatura, a la Fiscalía de Estado, al Tribunal de Cuentas y a la Inspección General de Justicia, sin que se produjeran correcciones sustanciales en el funcionamiento societario.

Tras la aprobación del proyecto, la ministra Castillo, quien además integra la conducción de Terra Ignis, fue consultada sobre el impacto financiero del traspaso y el esquema de control previsto. Sin embargo, no brindó precisiones sobre cómo se absorberá el déficit, qué mecanismos de supervisión se implementarán ni cuál será la estructura de fiscalización a partir de ahora.

La ausencia de un síndico en funciones profundiza esas incógnitas. Más allá del debate político, el foco se desplaza hacia una cuestión institucional: quién controlará, auditará y responderá por decisiones que comprometen recursos públicos de magnitud, en una empresa estratégica que acaba de redefinir su rol.

La renuncia de la síndica no cierra el proceso iniciado en la Legislatura. Por el contrario, expone la necesidad de esclarecer el esquema de control que acompañará a un modelo de gestión que ya fue aprobado, pero que aún carece de definiciones clave en materia de fiscalización y transparencia.

Ya a fines del 2023 el Legislador Lapadula dijo: “En el primer balance al 31 de diciembre del 2023 Terra Ignis dio una pérdida de 237 millones de pesos, es decir, ya el primer ejercicio dio una pérdida importante y aun no tiene actividad, entonces me parece que hay que pensar en ver qué es lo que realmente se quiere hacer con esta sociedad” dijo el legislador. Mientras que en el 2024  el gobierno de Melella giró más de 2 millones de dólares y la empresa siguió por el mismo camino, sin actividad y  triplicando sus pérdidas.