Si algo le falta a la gestión de Melella para cerrar el año es que desde Nación decidiera intervenirle el puerto, el único ente descentralizado que da superávit en su funcionamiento.

La desesperación por fondos frescos llevó a la administración central buscar artimañas para sustraerles los fondos que deberían haberse volcado en gastos operativos e inversiones portuarias.

Melella se escudó en la mayoría automática y rentada que tienen en la Legislatura provincial y que maneja Mónica Urquiza a discreción, de hecho el administrador actual Roberto Murcia ocupa la dirección del ente por orden de la vicegobernadora.

De ese entuerto político en la legislatura, surgió una ley provincial que habilitó al gobierno apoderarse del superávit de la Dirección Puertos para solventar la quebrada Obra Social del Estado Fueguino (OSEF), esta Ley entro en abierta contradicción con el acuerdo por el cual la administración nacional dejó en manos de la provincia el manejo portuario.

Según fuentes portuarias, Murcia había decidido tiempo atrás “engordar” el superávit administrativo, dilatando obras operativas y de seguridad y a la espera de una norma legislativa que le sirva de escudo judicial. Lo cierto es que con excusas sin sustentos técnicos, Murcia logro retener en el ejercicio 24/25 varios millones de pesos más para complacer la desesperación del gobernador Melella por fondos frescos.

Frente a esta situación, primero fue la propia administración nacional de puertos la que advirtió sobre esta maniobra  y su contradicción al “acuerdo de traspaso de administración”, luego fueron los propios trabajadores que se manifestaron y llevaron un escrito a manos del gobernador, también empresarios del sector de cruceros levantaron la voz, mientras la fiscalía de Estado encendió una tenue luz amarilla, descontando que el Tribunal de Cuentas hizo como muchas veces suele hacer, mirar para otro lado.

Pese a las intimaciones y pedidos de información, la Provincia no logró acreditar el cumplimiento de sus obligaciones ni revertir las conclusiones del informe final de inspección. Por este motivo, se resolvió una intervención por 12 meses, prorrogables, orientada a regularizar la infraestructura, asegurar la seguridad operativa y garantizar la continuidad del servicio, sin afectar las relaciones laborales del personal.

La ANPYN remarcó que el Puerto de Ushuaia es un activo estratégico nacional por su proyección comercial, su conexión bioceánica y su rol en la logística antártica, y que la intervención busca evitar sanciones más severas y la pérdida de su condición comercial.

La intervención busca determinar si los recursos derivados del cobro del tributo nacional con asignación específica para el mantenimiento portuario fueron desviados con otros fines por la administración fueguina.

La inspección que desembocó en intervención administrativa, comprobó que los pilotes sobre los que se apoya el muelle se encuentran gastados, partidos o directamente faltantes. Ese dato, sumado al desgaste de las defensas ubicadas en la parte principal, encendió las alertas sobre la integridad del muelle. El daño demuestra un “daño estructural de vieja data” que requiere obras urgentes que no estaban en los planes del gobierno fueguino.

Mientras el gobierno de Melella busca ponerse el traje de “victima” frente a la intervención, el Jefe de Gabinete Jorge Canals salió a minimizar los hechos “Se trata de un atraso en un informe puntual que se solucionará rápidamente”  dijo Canals culpando al gobierno de Milei por la situación y la falta de ATN para la provincia”.

Si bien las declaraciones del Jefe de Gabinete denotaron un profundo desconocimiento sobre el tema, quienes se frotan las manos son los funcionarios nacional “El gobierno provincial debería saber que mientras ellos gobiernen la intervención portuaria va a continuar por el bien de los fueguinos, acá no solo hubo desvió de fondos, también hay una telaraña de corrupción que buscamos despejar….” dicen por lo pronto la administración de Melella suma otro revés para sus aspiraciones reeleccionistas, en un año en que buscará desempolvar la reforma de la Constitución, que en el fondo es pura y exclusivamente dirigida a sus deseos de perpetuarse en el gobierno.

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