El relevamiento, realizado entre abril y mayo de 2025, incluyó pedidos de acceso a la información en todo el país y mostró que 119 de los 138 magistrados se negaron o no respondieron al requerimiento.

En Tierra del Fuego, apenas dos de los cinco jueces del Superior Tribunal de Justicia, Javier Muchnik y Edith Miriam Cristiano, hicieron públicas sus declaraciones. El resto del cuerpo no respondió o evitó entregar la información.

La situación no es un caso aislado: en Catamarca, La Pampa y Neuquén también hubo respuestas parciales, mientras que en Entre Ríos la propia Corte confirmó que las declaraciones “son secretas” y sólo pueden abrirse ante una investigación penal.

En contraste, Mendoza tiene las declaraciones juradas de todos sus ministros accesibles en un portal público de Ética, y Córdoba las publicó tras un pedido formal de acceso a la información.

Una justicia sin control ni transparencia

El informe también evidenció un patrón preocupante: la mayoría de los jueces se ampara en la presentación “a sobre cerrado” ante organismos locales para evitar la publicación de sus patrimonios.

Según la investigación, las leyes provinciales de ética pública son dispares y, en muchos casos, no contemplan la publicidad activa de las declaraciones, lo que favorece la opacidad y dificulta el control ciudadano.

El director de Poder Ciudadano, Pablo Secchi, sostuvo que “el Poder Judicial es el más oscuro de todos los poderes en materia de rendición de cuentas” y que “la publicación de las declaraciones es clave para detectar conflictos de intereses o enriquecimientos irregulares”.

Por su parte, Fernando Ávila, presidente de la Asociación Pensamiento Penal, advirtió que “la falta de transparencia refleja la desconexión del sistema judicial con la sociedad” y que “no existe una vocación institucional por recomponer la confianza pública”.