El viernes por la tarde, el presidente de la Nación, Javier Milei, sorprendió con un mensaje en su cuenta de Twitter: "La Argentina Liberal crece!!!", acompañado de la promoción de un nuevo proyecto de inversión en criptomonedas.

En lo que parecía ser un mensaje más de sus habituales consignas liberales, Milei anunciaba el lanzamiento de $Libra, una criptomoneda cuyo objetivo era "fondear" a pequeñas empresas.

La moneda comenzó a operar de inmediato, generando una ola de interés que llevó a su cotización a casi 5 dólares en menos de una hora. Sin embargo, el precio se desplomó poco después, llegando a menos de 0,5 dólares en la misma noche.

Este episodio, que desató un torbellino en el mercado, no solo levantó dudas sobre la transparencia del proyecto, sino que también abrió la puerta a interrogantes jurídicos y posibles implicancias legales.

La acción del presidente debe ser analizada a la luz de diversas normativas del Código Penal argentino y la Ley de Ética Pública, lo que podría poner en jaque su accionar.

Negociaciones incompatibles con la función pública

El artículo 265 del Código Penal Argentino establece que los funcionarios públicos no pueden interesarse directa o indirectamente en operaciones comerciales vinculadas con su función. Esta normativa busca evitar el uso de cargos públicos para obtener beneficios personales, y en este caso, surge la pregunta de si Milei tenía algún interés patrimonial en la criptomoneda $Libra.

Es importante destacar que para que se configure una posible violación a este artículo, es necesario demostrar que el presidente tuvo algún tipo de beneficio personal, ya fuera como inversor directo, a través de terceros, o mediante una relación indirecta con las personas involucradas en el proyecto.

La repercusión del mensaje presidencial en las redes sociales, que promovió la criptomoneda, provocó un aumento exponencial en su cotización, lo que llevó a muchos a especular que tal comportamiento podría haber favorecido a ciertos inversores, generando una manipulación del mercado.

El desafío será demostrar todo esto en el ámbito judicial, siempre que se inicien acciones legales con el presidente.

¿Fraude informático y manipulación del mercado?

Otro aspecto del escándalo puede analizarse desde la figura del artículo 173, inciso 11, del Código Penal, que tipifica el delito de fraude informático. Este delito sanciona a quienes manipulen datos electrónicos con el fin de obtener un beneficio indebido. En este caso, la cuestión a evaluar es si el presidente utilizó su poder de influencia para alterar el comportamiento del mercado de criptomonedas mediante el tuit, induciendo a los inversores a comprar el token a precios elevados, para luego permitir que la cotización cayera bruscamente, dejando pérdidas millonarias en muchos de los participantes.

El hecho de que Milei haya compartido un enlace directo a la página web del proyecto, así como al contrato del token en su mensaje, plantea la sospecha de que el mandatario podría haber dirigido el flujo de inversión hacia $Libra con intenciones de manipulación del mercado, favoreciendo a unos pocos, mientras que muchos otros quedaron atrapados en el desplome del valor de la moneda.

Este tipo de prácticas podría configurar un fraude informático, sujeto a sanciones penales si se determina que hubo un engaño en la operación.

¿Violación de la Ley de Ética Pública?

Por último, además de las implicaciones penales, este incidente también puede interpretarse como una violación de la Ley de Ética Pública (Ley 25.188), que establece que los funcionarios públicos deben actuar con transparencia, evitando cualquier conflicto de interés.

La promoción de una criptomoneda mientras el presidente se encuentra en funciones genera sospechas sobre la imparcialidad de sus decisiones y sobre si estaba actuando en beneficio de intereses privados.

El hecho de que el 84% de las monedas de $Libra estuvieran en manos de solo 10 billeteras anónimas también es un elemento que pone en duda la transparencia del proyecto.

La Ley de Ética Pública exige que los funcionarios esclarezcan cualquier vinculación con proyectos o activos financieros, especialmente cuando estos involucran a actores privados de difícil identificación.

En este contexto, la falta de información sobre los beneficiarios plantea serios interrogantes sobre los posibles conflictos de interés del presidente.