Río Grande.- El requerimiento del fiscal Mayor Martín Bramati, en la causa contra Horacio Alonso, quien hasta ahora, continúa cumpliendo funciones dentro del Instituto Provincial de la Vivienda y Hábitat, incluía: “Instruir un sumario, evaluar la viabilidad de establecer prohibición de acercamiento y ejercer cualquier tipo de acto intimidatorio respecto del denunciado, hacia Liliana Ibáñez y en tercer lugar, se libre Oficio al Ministerio de Trabajo de Gobierno con el fin de que informen si se ha adoptado alguna medida respecto a la denuncia efectuada ante ese organismo por parte de la mujer, tal como se desprende de la documental adjuntada”.

Este requerimiento en principio, recayó en el Juzgado de Instrucción a cargo del juez Raúl Sahade, quien habría solicitado otras medidas judiciales, pero cuando se constató la fecha de los hechos, la causa fue enviada al juzgado de Instrucción a cargo de la jueza Cecilia Cataldo.

Tiempo después, y al percatarse que Sahade ya había requerido medidas judiciales, la jueza Cataldo envió nuevamente la causa al juzgado de Instrucción inicial, que en la actualidad está subrogado por el juez Daniel Cesari Hernandez.

Tras todas estas idas y venidas judiciales, se puede decir que la causa ha tenido algún movimiento, aunque no la resolución necesaria, ante semejantes denuncias públicas, y tampoco el juzgado ha recibido el informe del Ministerio de Trabajo del Gobierno.