Río Grande.- El secretario de Comercio de la provincia, Aníbal Chaparro, fue consultado por Radio Universidad 93.5 sobre las herramientas para poner un freno a la escalada de aumento de precios, y señaló que en este momento se trabaja “con las herramientas establecidas a nivel nacional, que son los acuerdos de precios y los programas que estuvieron vigentes durante la pandemia, como Precios Máximos. También desarrollamos programas propios para fomentar las promociones y generar ofertas en comercios barriales”.

“Estamos constantemente verificando los precios y la aplicación de los programas nacionales. Cuando estaba vigente Precios Máximos, si bien existía una norma nacional que ordenaba retrotraer precios, notamos algunos aumentos y pudimos verificar que obedecían a distribuidores nacionales o productoras de alimentos, bebidas y productos frescos que se traen del continente. Le pedimos a los mayoristas locales y comercios que venden a minoristas que acreditaran que esos aumentos se los habían hecho a ellos sus abastecedores, y esto lo hicimos conocer a la Secretaría de Comercio Interior, porque no podíamos exigir a los abastecedores locales que retrotrajeran precios cuando tenían aumentos de sus abastecedores”, planteó.

“En esta nueva etapa de la Secretaría de Comercio del Interior, con el nuevo titular, ha encarado toda la cadena de servicios, comercialización y abastecimiento a las provincias y vemos con una expectativa positiva el cariz que le está dando el nuevo secretario”, dijo de la llegada de Roberto Faletti al área.

Respecto de los beneficios de la 19640, que permiten comprar sin IVA a los comercios, sin que esto se vea reflejado en las góndolas, aclaró que “no tenemos un convenio que nos dé potestades para controlar impuestos nacionales. Dentro de nuestro registro tenemos aproximadamente 7 mil comercios en toda la provincia y debe haber una depuración tanto para altas y bajas, y estamos en ese proceso. Nos tocó controlar protocolos en los establecimientos, hacer tareas de concientización, que no eran propias de la secretaría. Si bien lo continuamos haciendo, podemos volver a la actividad más habitual de la secretaría”.

“Tenemos alrededor de 16 inspectores para toda la provincia y son insuficientes, aunque se hizo una inversión importante, porque cuando empezamos la gestión teníamos uno por ciudad. La primera actividad fue de capacitación en lealtad comercial sobre todo, para reconstruir el cuerpo de inspectores”, dijo.

“Obviamente en materia de precios, nuestra actividad está enmarcada en las facultades que nos otorgan las normas. A partir de la ley de abastecimiento tenemos facultad para controlar que no haya especulación, pero en la mayoría de los productos no está determinado un precio máximo o un precio límite”, expuso ante la diferencia de precio de un mismo artículo en distintos comercios.

Apuntando a más personal

“Nos hacemos cargo de la insuficiencia del cuerpo de inspectores y estamos tratando de formar e incorporar más personal. La formación de un inspector no se improvisa, porque requiere de conocimientos técnicos y de una cuestión actitudinal para controlar las normas de defensa del consumidor. Es necesario un cuerpo técnico específico que trabaje en forma articulada con los municipios. Siempre hemos tratado de conseguir esa articulación y hemos hecho buenas actividades específicas. También es importante la colaboración de sindicatos, de asociaciones de consumidores y denuncias de particulares, porque también además del cuerpo de inspectores se necesita de la colaboración de los consumidores”, aseguró.

En cuanto a los libros de queja que debería tener cada comercio, aclaró que no es obligatorio: “Nosotros solicitamos los libros de queja de cada comercio pero no está regulado esto. Para el comerciante o cadena de supermercado que lo haya establecido, se vuelve obligatorio ponerlo a disposición de los usuarios y nosotros tenemos facultad para controlar toda la documentación”, señaló.

“Nos ha pasado que algunas cadenas de supermercado han dudado de nuestras facultades para solicitar documentación y hemos tenido que requerirlo por escrito con mención expresa de las normas nacionales y provinciales. Obviamente esa documentación que pide la secretaría no es de divulgación pública”, dijo.

Nueva conducción

Volviendo sobre las expectativas de la gestión de Faletti, que está hablando de aplicar los Precios Máximos y ley de abastecimiento en forma no consensuada en caso de no llegar a un acuerdo con supermercados y mayoristas, se le preguntó cómo sería el control en ese caso, dado que se habla de más de mil artículos. “Es una nueva orientación de la política de precios de la Secretaría de Comercio Interior y en principio se está tratando de llegar a un acuerdo. En caso de adhesión tendremos facultades a partir de la ley de defensa del consumidor. Si el gobierno nacional opta por aplicar la ley de abastecimiento, las facultades las tiene el gobierno nacional y puede fijar Precios Máximos a los productos como también márgenes de ganancia. A nivel local somos autoridad de aplicación y nuestros inspectores obviamente van a estar reforzados con más personal para recibir las denuncias de los consumidores. A nivel nacional también se utilizan canales de denuncia y ellos nos informan de las realizadas en Tierra del Fuego. También es necesaria la articulación con municipios y la convocatoria a organizaciones sociales, sindicatos, cooperativas, porque beneficiaría al control de precios”, reiteró.

“Nosotros hicimos una experiencia al principio de la gestión con sindicatos de Río Grande y fue muy fructífera. Después la pandemia nos impidió darle continuidad. La actividad el control no es solamente a través de inspectores sino que depende de los consumidores y de sindicatos o cooperativas. Nosotros le damos trámite a las denuncias que recibimos, las verificamos y, si se acredita lo denunciado, se hace un acta de imputación y se le da la oportunidad de hacer un descargo al comerciante, antes de resolver”, detalló del proceso.

Herramientas posibles

También se le preguntó si le falta alguna herramienta legislativa y consideró que “deberíamos tener la posibilidad en el marco de la ley provincial 962 de hacer algunos acuerdos que nos permitan recibir denuncias a través de organizaciones sociales. También es importante el desarrollo de herramientas tecnológicas locales, aplicaciones para celulares para poder efectuar denuncias. Tenemos posibilidad de incorporar otros inspectores y estamos en proceso de capacitación de más personal para inspecciones. Con la Secretaría de Comercio Interior trabajamos de manera articulada en control de precios  y es importante sumar articulación con municipios y organizaciones. Hemos resuelto multas y se han abonado, tanto en cuestiones individuales como en sanciones por la aplicación de Precios Máximos y Precios Cuidados. También hemos labrado multas a cadenas de supermercados por incumplimiento de protocolos”, afirmó.

A modo de dato orientativo de la magnitud del trabajo, precisó que “en Ushuaia llevamos más de 1.400 actas de actuación en lo que va del año, que no necesariamente implican una infracción pero da un número aproximado de la actuación de nuestros inspectores. Se deben a denuncias de consumidores que fuimos a verificar, inspecciones que realizamos usualmente, porque el control es permanente. Además hacemos actividades articuladas con la Secretaría de Comercio Interior”, concluyó.