La medida —patrocinada por los republicanos Carlos Curbelo e Ileana Ros-Lehtinen y los demócratas Alan Grayson y Debbie Wasserman Schultz— excluiría del beneficio migratorio a quienes presenten antecedentes criminales y a quienes hayan participado en el enjuiciamiento de terceros.

"No podemos tranquilamente obligar a los venezolanos a volver a un país donde enfrentan arresto, torturas y ejecuciones solo porque se oponen al gobierno", dijo Grayson en un comunicado. "Darles la residencia permanente es la forma más lógica de garantizar su seguridad".

La última vez que el Congreso estadounidense fijó posición sobre Venezuela fue en diciembre de 2014, cuando aprobó sancionar a funcionarios venezolanos acusados de violar derechos humanos. El presidente Barack Obama dio el ejecútese días más tarde.

Numerosos políticos opositores, líderes sindicales y estudiantes han sido acusados de distintos delitos en los últimos años y han sido encarcelados o han salido al exilio.

Los críticos del presidente Hugo Chávez —fallecido por cáncer el 5 de marzo de 2013— y de su sucesor y heredero político, el presidente Nicolás Maduro, han acusado al sistema judicial de Venezuela de actuar en concierto con el gobierno para perseguir a sus adversarios.