El magistrado procesó con prisión preventiva a Raúl Copetti, Roberto Sosa, Ricardo Barreiro y Daniel Alvarez. En tanto, Fabián Gutiérrez -que declaró como arrepentido- fue procesado con prisión preventiva pero no la cumplirá a raíz del acuerdo firmado con el fiscal Carlos Stornelli y homologado por el juez Claudio Bonadio.

Además el juez ordenó trabar embargos que van de los 2.500 a 3.000 millones de pesos.

Bonadio destacó en su resolución que conforme a las pruebas que hay en la causa Copetti, Sosa, Barreiro, Alvarez y Gutiérrez junto con el resto de los imputados habrían conformado una asociación ilícita o banda destinada a cometer delitos. En ese sentido, el juez sostuvo que entre ellos "existió el propósito colectivo para organizarse con el fin de cometer delitos en forma indeterminada y permanente."

El magistrado agregó que "aproximadamente entre el 25 de mayo de 2003 y el 9 de diciembre de 2015 perpetraron un sistema de recaudación ilegal mediante el cual, por un lado, el dinero era recibido por funcionarios con el fin de enriquecerse y utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos, y por el otro, las personas o empresas que lo otorgaban, lo hacían a cambio de algún beneficio o en consideración del cargo que tenían los
funcionarios."

Bonadio señaló que la participación de Copetti, Sosa, Barreiro, Alvarez y Gutiérrez "se vislumbra en el traslado y ocultamiento del dinero ilícito obtenido por Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández" mediante las maniobras relatadas por los testigos que declararon en la causa.

Además, el juez federal Claudio Bonadio procesó a Copetti por tenencia ilegítima de armas de fuego de uso civil y de guerra. En el allanamiento de la mansión que el empresario tiene en la localidad cordobesa de Santa Mónica se secuestraron una pistola Beretta 9 mm, un rifle y una pistola Tanfoglio 9 mm. De acuerdo con lo informado por la ANMAC, Copetti no estaba registrado como legítimo usuario de arma de fuego ya que el permiso había vencido el 1ro. de octubre de 2014.

Bonadio consideró que los imputados deben permanecer en prisión preventiva porque en caso de concederle la libertad no se someterán a la actuación de la Justicia, porque existe la presunción de que intentarán eludir el accionar del juez y también podrían entorpecer la investigación.

Por último, el magistrado afirmó que "tampoco puede soslayarse la posibilidad que, en caso de seguir en libertad los encausados, peligre el recupero de los bienes que fueron el producto de los ilícitos investigados."