Río Grande.- El legislador radical Pablo Blanco, tras el dictamen favorable a la unificación de los yacimientos San Sebastián y Lobo en el plenario de ayer, adelantó que en la sesión especial de hoy pedirá “una contraprestación” para la provincia, dado que YPF se verá beneficiada por contar con el yacimiento vecino al área CA1.

“Por los antecedentes que tenemos, Lobo es un área que no está en explotación pero sirve como soporte, porque lisa y llanamente la CA1 le está chupando los recursos al área Lobo y hace rato que los viene chupando”, afirmó por Radio Nacional Ushuaia.

“La concesión venció el noviembre del año pasado y en realidad es ampliar el área CA1. YPF tiene la CA1, la CA2, y en el medio está el área Lobo. Ya le están chupando los recursos a Lobo y esa es toda la información que hay dentro del expediente”, dijo.

“Siempre el criterio del Poder Legislativo ha sido que, cada vez que hay una concesión, independientemente de la renegociación, se solicite algún adicional por responsabilidad social empresaria”, expresó, aunque aclaró que en este caso no hay renegociación porque “no es una nueva concesión sino la ampliación de un área geológicamente unida”.

Descartó la alternativa de licitar el área revertida porque “si la provincia tomara la determinación de licitar el área Lobo, habría inconvenientes, porque de ese yacimiento adjunto están saliendo los recursos. Pero seguramente alguna contraprestación vamos a solicitar”, reiteró.

Por FM La Isla se le preguntó si con esta unificación van a aumentar las regalías: “Las regalías ya se cobran porque el área CA1 está chupando gas del área Lobo. Hay que hacer una inversión mínima de 2.600.000 dólares, porque el área Lobo vendría a ser como la garantía del mantenimiento de presión de gas al gasoducto fueguino. Nada tiene que ver el gasoducto San Martín, ni que esto era a efectos de favorecer el envío de gas al norte para exportar a Chile”, aclaró en base a las versiones que se manejaron por los medios.

“Es garantizar una mayor inyección de gas en el gasoducto fueguino, que atiende a Ushuaia, Río Grande y Tolhuin, para el sostenimiento del consumo de Tierra del Fuego”, subrayó.

Respecto de la presentación del MPF ante el Fiscal de Estado, dijo desconocerla. “Tuvimos una reunión de la comisión de legislación general, de presupuesto y recursos naturales, donde participaron todos los bloques políticos y en ningún momento se manifestó que hubiese una denuncia ante la Fiscalía de Estado. Yo creo que no hay ningún motivo para que se lleve adelante una denuncia”, opinó.

“Es un área revertida que no está en condiciones por la propia ley de hidrocarburos de ser licitada. Si se pudiera llevar adelante, generaría serios perjuicios judiciales porque se estaría licitando un área que está vinculada con otra y, quien se presente, va a sufrir un fraude, porque lo que quiera producir se lo está sacando el yacimiento de al lado”, advirtió.

También aclaró que “la ampliación del área son 42,45 kilómetros cuadrados, sobre 15 mil kilómetros cuadrados. Es un área pegada a la CA1 y la CA2, que están en poder de YPF”.

“Yo escuché opiniones del ingeniero Suárez que decía que esto no era una nueva adjudicación de área sino que era una ampliación de lo existente y que la provincia debía solicitar una compensación. Parte de la compensación está con el canon de superficie”, dijo, y según la legisladora Urquiza esto representaría 200 mil pesos anuales. Agregó que hay “un 3% más de regalías que se está recibiendo, producto de lo que sale por la CA1. Seguramente en la sesión habrá alguna contraprestación por responsabilidad social empresaria, como se ha hecho en otras renegociaciones de contrato. Esto no es una renegociación, pero estamos gestionando una contraprestación para la provincia, como se hizo en otros casos. En la última que se hizo con YPF-YSUR, en la Legislatura se modificó y se obtuvieron tres millones de dólares más, que están destinados a la construcción de un centro de salud de segundo nivel en la margen sur, además de algunos instrumentos para el área de salud”, recordó.

Recorte a la coparticipación municipal

Por otra parte, se lo consultó sobre el recorte a la coparticipación municipal para solventar los subsidios de gas envasado y tarifa social eléctrica, que está proponiendo en el marco del tratamiento del presupuesto provincial. “La idea que tenemos es que la tarifa social eléctrica sea sustentada con recursos de la coparticipación, previo a la distribución de los municipios”, dijo por Radio Nacional Ushuaia.

“No lo he hablado con los municipios pero, si tanto reclamamos la tarifa social, todos deberíamos colaborar en ese sentido”, dijo.

Según el radical, la provincia y en consecuencia los municipios van a recibir el doble de regalías, por la devaluación, con lo que habría fondos para este fin: “El promedio que iba a recibir la provincia mensualmente por regalías estaba entre 150 y 170 millones, y el último mes recibió 350 millones. Ese 100% de aumento es coparticipado a los municipios y tranquilamente podrían ceder parte de esos recursos a otros fines”, sostuvo.

De la misma manera se plantea un recorte para subsidiar el gas envasado: “El subsidio de gas significa alrededor de 800 millones de pesos y no puede ser que únicamente sea sostenido por la provincia. Lo que las provincias le reclaman a la nación, acá los municipios le reclaman a la provincia, y los recursos son uno solo. La provincia le reclama a la nación que se haga cargo de los subsidios y acá los municipios aparentemente no quieren formar parte del financiamiento de los subsidios a nivel provincial y municipal”, cuestionó.

“Los recursos son uno y hay que ver de qué mejor manera se distribuyen. Es muy fácil hablar de que hay que ser solidarios con los demás, con los recursos de otros. Cuando hay que ser solidarios con los recursos propios, el discurso cambia”, expresó.

“Esto va a ser discutido junto con el presupuesto, y por eso el proyecto de ley de tarifa social eléctrica no habla de la parte presupuestaria y dice que va a ser discutido en el ámbito de la Dirección Provincial de Energía. Esos recursos hay que proveérselos a la DPE en la discusión general del presupuesto”, indicó.

“Yo sé que la DPE no está en condiciones ni de hacer frente al pago del gas de generación, y con más razón va a estar imposibilitada de hacer frente al subsidio de la tarifa social. Sabemos que no pueden abonar el gas de generación que se consume mensualmente y menos van a poder afrontar la tarifa social, pero de ser aprobada, los recursos tranquilamente pueden salir de la coparticipación, previo al giro de lo que corresponde a los municipios”, reiteró.

Consultado acerca de qué porcentaje o fórmula de cálculo se prevé para tener idea del descuento que implicaría para los municipios y el aporte de la provincia, todavía no está definido: “Si yo no tengo aprobada la tarifa social, ¿para qué me voy a preocupar de dónde salen los recursos de algo que no está creado? -argumentó-. Vamos por partes. Queremos avanzar en lo posible con la creación de la tarifa social y, en caso de ser aprobada, se irán a buscar los recursos y el financiamiento”, dijo.

“Como mínimo no es equitativo que el gobierno provincial se haga cargo del subsidio del gas envasado, cuando en algunos casos la imposibilidad del tendido de la red domiciliaria era producto de que no estaban normalizados los terrenos donde están los usuarios de gas envasado. Entonces habría una corresponsabilidad de los municipios, porque al no estar regularizado el lote o el barrio, terminaban aportando a esa situación irregular y el gobierno tiene que hacer frente al subsidio, y no había una correlatividad de parte de donde están asentados esos beneficiarios”, señaló, en particular sobre la situación en Ushuaia.

También se le preguntó si este planteo abre la puerta a que los distintos subsidios provinciales empiecen a ser compartidos por los municipios, y no lo descartó: “Ante una necesidad, hay que plantear una solución. Por ahí lo que yo digo no es aceptado, pero es una idea y los recursos salen del mismo lado, que son la coparticipación nacional, la recaudación provincial y las regalías. Son las tres principales fuentes de financiamiento del estado provincial y de los estados municipales.Muchos hablan de la solidaridad, de la ayuda, cuando los recursos los pone el otro, pero no cuando hay que compartirlos. Hay que hacer un replanteo serio de la situación”, instó.

Asimismo, destacó que “se está avanzando con la conexión de redes domiciliarias de gas y esto lleva a una disminución el subsidio de gas envasado, y parte de esos recursos se pueden volcar a la tarifa social eléctrica o, en el caso de la ciudad de Ushuaia, a la tarifa de consumo de agua, porque en muchos casos es mayor el consumo de agua que de energía eléctrica, que no es el caso de Río Grande”, concluyó.