Río Grande.- El presidente de la Dirección Provincial de Puertos, Néstor Lagraña, dio a conocer por Radio Nacional Ushuaia una situación que demanda respuestas urgentes, a fin de no perder la llegada de unos 33 mil cruceristas, transportados en dos grandes embarcaciones que recalarán en la próxima temporada y que, hasta el momento, superan las posibilidades del muelle.

El problema surge del incumplimiento de la empresa contratada por el gobierno nacional, que debía ejecutar la obra de ampliación del muelle y, desde hace tiempo está paralizada. El dirigente de FORJA Gustavo Ventura había denunciado la “estafa” de COPERSA, que cobró el anticipo financiero, no ejecutó los trabajos y tampoco le pagó a los empleados, que no cobran desde abril.

Lagraña informó que “el contrato todavía está vigente”, con la aclaración de que no depende de la provincia resolverlo. “Desde principios de año estamos siguiendo la evolución de la situación por la problemática para esta próxima temporada con relación a la actividad de los grandes cruceros principalmente. Se hicieron algunos trabajos pero la actividad está paralizada. En el último informe de este mes, es cero el avance según el informe técnico”, aseguró.

“Hace unos días estuvimos en Buenos Aires para ver la situación, porque nosotros estamos pagando al equipo técnico de inspección de obra, que es costeado por la provincia, y estamos pagando porque hay un contrato en vigencia. La obra en sí, en la parte documental, tiene un contrato en ejecución. La falta de avances no es de ahora, sino que ya se vislumbró desde el último estudio de suelo. Hasta ahí veníamos retrasados pero la obra tenía un avance. En el último informe el avance es cero, por eso estamos yendo nuevamente a Buenos Aires para ver cómo continuamos”, señaló.

Se le consultó sobre las declaraciones del dirigente de FORJA, que habla de un cobro de 43 millones de anticipo financiero y una inversión solamente de 5 millones, luego de lo cual la empresa levantó las oficinas y se fue de la isla. “Los representantes técnicos de la empresa están en la ciudad -aseguró Lagraña-. El equipamiento que habían traído está todo acá, lo que no hay son avances. Hay toda una complicación si no se cumple con los distintos plazos, independientemente de que venían retrasados, porque si no avanza la obra no hay certificación, y al no haber certificación no va a haber pago”, planteó.

“Esta es una obra que lleva adelante en forma directa la nación con la empresa, por parte del Ministerio de Transporte y la Subsecretaría de Vías Navegables. Nuestro compromiso es brindar el equipo técnico, que responde a las autoridades nacionales. Lógicamente los informes de este equipo nosotros los tenemos porque, para poder efectuar el pago correspondiente al equipo, sacamos del informe el trabajo que realizaron”, explicó.

Lo cierto es que la ampliación debía estar hecha para la temporada que viene y la provincia asumió ese compromiso con las empresas de cruceros, que ya tienen programadas las recaladas, en particular con Royal Caribbean. “Esto figura en el pliego, y para esta temporada tenían que estar 50 metros disponibles del atraque para estos grandes cruceros. Cuando vimos la situación que se estaba dando a principios de año no nos quedamos de brazos cruzados y en marzo hicimos un relevamiento batimétrico, porque el último era del año 2000. Esto se hizo con profesionales de la provincia, lo fuimos trabajando con el Servicio de Hidrografía Naval y con la Subsecretaría de Puertos, en contacto permanente con la línea de cruceros. El resultado batimétrico complica la situación del ingreso del crucero”, certificó, dado que no da la profundidad que se necesita.

“Del punto de vista náutico, el relevamiento batimétrico que sirve es el del Servicio de Hidrografía Naval, por lo cual trabajamos en forma conjunta la primera semana de junio, hicimos un relevamiento punto a punto, como nos pidió la empresa, y el resultado no es alentador, porque el barco tiene 317 metros de eslora y nosotros tenemos problemas principalmente donde iría la proa, que prácticamente ocupa todo un frente de atraque”, detalló Lagraña.

En concreto, el crucero no entra y, “si bien no es mucha la diferencia de agua que necesita el buque para poder entrar, desde la empresa nos piden que, al ser un barco grande con tecnología distinta, debe tener dos pies debajo del casco. O sea, el barco cala en proa a 8,60 metros, más dos pies, son más de 9 metros”, precisó de los requerimientos.

“Cuando asignamos sitio a un crucero, estamos asumiendo la responsabilidad como puerto de que es seguro que amarre ahí, y tengo dos puntos que me preocupan para garantizar ese tipo de situación. Habría dos barcos complicados y es un número importante, porque el más grande trae 20 mil cruceristas para la temporada, y entre los dos estamos arriba de 32 ó 33 mil cruceristas”, manifestó.

Sin tiempo

Lagraña aclaró que, con la obra de ampliación del puerto, ya no se llega a tiempo “por más que vengan diez empresas”, pero no considera perdida la temporada o el arribo de estos miles de turistas transportados en los cruceros. Para resolver la situación, la provincia deberá desembolsar más de un millón de dólares para realizar un dragado contrarreloj.

“Tenemos un plan B, porque empezamos a trabajar a principios de año viendo esta situación. Ahora estamos trabajando fuertemente y por eso hicimos el estudio batimétrico, para saber claramente cuáles son los puntos de conflicto. Nosotros le tenemos que acercar en septiembre una alternativa concreta a la empresa. La única solución que tenemos es contratar una draga y hacer un dragado del lado sur. No es mucho lo que hay que dragar pero, al no contar con experiencia en este sentido, porque nunca hicimos un dragado, estamos firmando un convenio con la Administración General de Puertos. Ellos tienen un equipo técnico con experiencia en dragado, ya tenemos todos los presupuestos y estamos evaluando qué tipo de draga se necesita, si es de succión o de corte. Se revisó el estudio de suelo que tenemos, mandamos toda la memoria de cálculo de la estructura actual, para que lo revisen los técnicos y vean si el dragado afecta o debilita la estructura actual, y necesitamos un informe técnico en este sentido”, indicó.

Consultado sobre el estudio de impacto ambiental que requiere este tipo de obra, dijo que “estamos realizando todas las presentaciones, pero tenemos el estudio de impacto ambiental. Ya tenemos definido cuál es el área de dragado, el volumen, porque venimos trabajando desde marzo, cuando vimos a principios de año que esto venía complicado”, reiteró.

Dragado urgente

Lagraña admitió que el dragado no puede esperar y el lunes prevé firmar el convenio con la AGP para formalizar esta contratación: “Hay que abrir un expediente y hacer todo el trámite como corresponde. Los análisis están avanzados para oficializar esta situación. Tenemos todos los antecedentes para dirigir el expediente del punto de vista administrativo y llevarlo a una contratación directa, por la urgencia”, dijo.

“El dragado tiene que estar terminado a más tardar el 10 de diciembre”, puntualizó y, consultado sobre el costo, lo estimó en el millón de dólares y aclaró que “el 85% del costo de la draga es el traslado”.

Más allá de que puedan estar los fondos, “otro tema conseguir dragas, por eso estamos pidiendo el acompañamiento a las autoridades nacionales para que nos ayuden, porque la mayoría de las dragas que hay en el país están trabajando y con contratos”, señaló.

Hasta ahora hay “dos presupuestos, uno por un millón doscientos mil dólares, y otro por novecientos mil dólares. Hay que definir, de acuerdo al tipo de suelo, qué tipo de draga se necesita. Si es de succión únicamente por ahí es otro costo, y si es de succión y corte, tiene otro”, planteó.

Se trata de un paliativo temporal, dado que el suelo tiende a reacomodarse, pero les permitiría operar por bastante tiempo en función de los estudios realizados: “Si tomamos la batimetría del 2000 y la comparamos con la que hicimos ahora, no hay mucha variación, y en ese sentido estamos un poco más tranquilos de que nos va a servir un tiempo”, confió.

“Un fracaso para todos”

Finalmente Lagraña reiteró que no es resorte de la provincia resolver el contrato con COPERSA y también la provincia se ve obligada a seguir pagando el equipo técnico para no complicar la situación legal, ante un contrato vigente.

“Esto es un fracaso para todos -sentenció-, porque nosotros hicimos todo lo posible, se invirtió tiempo, dinero, trabajo y estamos en esta situación por algo totalmente ajeno a nosotros, pero los barcos vienen acá y la respuesta la tenemos que dar nosotros”, enfatizó.

“Yo ya hice varias presentaciones porque estamos pagando el equipo de inspección técnica y vemos que el avance de la obra es cero, pero si sacamos el equipo técnico le damos pie a la empresa para que haga otro tipo de presentación y se complica más la situación del punto de vista legal”, sostuvo.

Aunque la nación no resuelva el contrato en vigencia, nada impide la obra de dragado. “Nosotros vamos por el dragado, porque no tenemos tiempo y son dos cosas totalmente distintas. No afecta a todo lo que tenga que ver con la obra. Hoy tenemos que ir por el Plan B y hacer todo lo posible lo antes posible, para que el 10 de diciembre el sector tenga la profundidad que necesita el barco. En septiembre tenemos que confirmar a la empresa, y que por lo menos esté el llamado a licitación o la contratación directa porque si no, no llegamos tampoco”, concluyó.