Río Grande.- La veintena de fiscales de Estado que participaron del encuentro el viernes y los gobernadores que iban a hacer lo propio hoy dejaron en claro que no cederán frente al reclamo bonaerense en la Corte Suprema del Fondo del Conurbano y que la solución tiene que salir de una discusión política y no judicial.

Los gobernadores del PJ reprogramaron para la semana próxima la cumbre que tenían previsto realizar hoy para definir una estrategia común contra la ofensiva de la provincia de Buenos Aires para elevar el monto de las transferencias por el Fondo del Conurbano bonaerense, a costa de lo que recibe el resto de los Estados del Interior.

"Nosotros entendemos el reclamo, pero también que es inviable para las provincias, no importa su color político, perder fondos", explicó a El Cronista el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey.

"Nuestra lectura es que constitucionalmente es el Congreso y no la Corte la que tiene de dirimir esto. Si hay un fallo favorable, vamos a ir contra ese fallo porque no es incumbencia de la Corte", agregó el justicialista.

En esa línea, la gobernadora de Tierra del Fuego Rosana Bertone reconoció que la orden a los fiscales de Estado es la de "oponerse" al reclamo bonaerense. "Cada uno tendrá su estrategia y defenderá a ultranza sus recursos. Sí estamos de acuerdo es que la solución tiene que salir del Congreso, de una nueva ley de reparto de fondos y no de la Corte".

Sergio Casas, gobernador de La Rioja, no sólo que se mostró opositor a cualquier quita, sino que fue un poco más allá al afirmar que "el federalismo no se declama, se practica. No hay nada más injusto que distribuir de manera igualitaria entre los que no somos iguales".

Pero no sólo los gobernadores se mostraron en contra de que la Corte defina el tema. La vicepresidente de la Nación, Gabriela Michetti que públicamente dijo que lo tenía que definir la Corte y que los gobernadores deberían "ceder un poquito" admitió ante este diario que es algo "que lo tiene que resolver la política. Cuando la gobernadora Vidal le comunicó al presidente Mauricio Macri que iba a presentar la demanda, nosotros le dijimos que siga adelante, pero entiendo que si se llegó a eso es porque nosotros, los políticos, no lo pudimos resolver. Claramente es algo que debería resolver la política".

Mientras se espera el encuentro, los gobernadores ya hacen saber que está en sus manos la renovación del impuesto al cheque a fin de año. De sus legisladores depende la continuidad del tributo y, en el peor de los casos, la forma en que se coparticipa, hoy es solo el 30% del total.

Si la Corte resuelve a favor de Buenos Aires, las provincias deberían ceder $53.000 millones por año. Si se le suma la deuda, el número alcanzaría los $300.000 millones.

Esa es la cuenta que tiene la veintena fiscales de Estado de las provincias que se reunieron el viernes pasado.

Los abogados de las provincias llegaron con la orden política de oponerse al pedido de Buenos Aires, y así lo hizo saber el fiscal de Entre Ríos, y vicepresidente del Foro Federal Permanente de Fiscalías de Estado, Julio Rodríguez Signes: "Fue unánime, ninguna provincia está dispuesta a ceder ni un centavo".

La postura de no entregar recursos ya dejó de ser potestad de las provincias gobernadas por el PJ y se extendió en el resto que revalidaron el pedido de los gobernadores en voz de Rodríguez Signes, quien afirmó que "se tiene que discutir todo el régimen de coparticipación".

Nueva cumbre de gobernadores

En una señal de blindaje frente a Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, los gobernadores peronistas volverán a protagonizar una cumbre la próxima semana en Buenos Aires para profundizar el armado de la estrategia para enfrentar la demanda de la mandataria en la Corte para actualizar el Fondo del Conurbano bonaerense. En el cónclave reeditará su participación, en su carácter de candidato a gobernador peronista para los comicios del 8 de octubre en Corrientes, el senador nacional Carlos "Camau" Espínola. Y no se descartaba anoche la posibilidad de que sea de la partida algún mandatario de otro signo político aunque con idénticas preocupaciones, según indicó Ámbito.

El encuentro viene siendo diseñado en el marco de un fuerte hermetismo, y en los hechos, toda una señal para Macri, tras las PASO del 13 de agosto: la de mostrar que la "liga de gobernadores" sigue con vida, pese al debilitamiento que significó el traspié electoral del peronismo en algunos distritos, como Córdoba, Entre Ríos, Tierra del Fuego y La Pampa.

Puertas adentro del PJ, en tanto, el encuentro -el segundo en poco menos de un mes, tras el del 3 de agosto en la Casa de Entre Ríos- busca disparar nuevos gestos de fortaleza frente a la discusión por la reorganización partidaria, con Cristina de Kirchner -a quien encapsulan, como un actor más, en Buenos Aires- como destinataria.

Con la mirada puesta en Vidal, los caciques provinciales advierten que la potencial decisión del máximo tribunal de extirparle el techo de 650 millones de pesos al Fondo del Conurbano bonaerense generará un brutal desfinanciamiento en el resto de los distritos, vía una merma en las remesas de coparticipación que, a valores de este año, sería de más de 50 mil millones anuales.

Por eso caminan por la senda de una doble estrategia. Por un lado, reclaman una salida política, vía un acuerdo fiscal en el Congreso que les permita, por caso, aumentar la tajada de coparticipación de lo que se recauda en Impuesto al Cheque, retenciones al agro y Fondo Vial.

Pero además avanzan en el diseño de las presentaciones que, de manera individual, deberán elevar a la Corte para defender su postura frente al reclamo bonaerense.

Las argumentaciones fueron analizadas el viernes, en una cumbre de una veintena de Fiscales de Estado que se desarrolló en el CFI. "Fue unánime que ninguna provincia está dispuesta a ceder ni un centavo", aseguró el entrerriano Julio Rodríguez Signes, además de afirmar que "la estrategia procesal no se definió por unanimidad, porque hay provincias a las que falta que las notifiquen de la demanda".

"Quedó flotando la prórroga, o suspensión de plazos, con la idea de que se debata (una reforma tributaria) en el Congreso", dijo Rodríguez Signes, respecto de la aspiración de algunos distritos de que Vidal acepte abrir una suerte de "tregua" judicial para habilitar una discusión política. Un día antes, el escenario fue analizado -también en Buenos Aires- por cerca de una decena de ministros de Economía de distritos peronistas, que coincidieron en que ceder fondos no es una opción y advirtieron que está en riesgo el cumplimiento del pacto de Responsabilidad Fiscal que sellaron con Nación.