La causa iniciada contra el ex juez Daniel Cesari Hernández por el delito de “abuso de autoridad” se centraba en “situaciones de maltrato generalizadas que afectaban tanto a empleados y funcionarios como ajusticiados del fuero”, y por otro lado la denuncia de personal de la división Policía Científica respecto a intento del magistrado de interferir en los resultados de pericias, “indicando fórmulas por fuera de las prácticas debidas y modificar conclusiones de los peritos”.

El fiscal consideró que “los hechos fueron efectivamente corroborados” marcando que “la conducta de Cesari condujo a un manifiesto y generalizado atraso en los expedientes, una marcada desatención de casos complejos de abuso y violencia de género, y también una gran cantidad de diligencias producidas y actuaciones sin firmar u sin revolver por años  (algunos hasta 5 años)”.

“La función del juez no ha sido congruente con su investidura, no ha puesto la diligencia necesaria en los casos que le fueron asignados no ha tenido empatía con sus colaboradores, no ha sabido priorizar situaciones o casos urgentes, no ha conducido su actuar con prudencia y sin el decoro que su cargo le exigía”, expresa el dictamen del fiscal.

Si bien el fiscal marca esta “presunta inhabilidad funcional o eventual responsabilidad ética”, destaca que “no ha mostrado la voluntad de dictar resoluciones o dar órdenes con el objeto de violar la ley”.

La conducta más allá de ser contraria a lo que se exige en su función no posee los requisitos para satisfacer los presupuestos del abuso de autoridad”, considerando que su comportamiento es “atípico” para este delito.

Ante ello el propio fiscal solicitó se rechace el requerimiento de instrucción por no constituir delito, por lo que el caso retorna a la jueza de instrucción 3 Cecilia Cataldo, quien deberá evaluar si al carecer de impulso fiscal decide cerrar finalmente la causa.